Ministerio de la familia: la negación de la diversidad

Actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley, presentado por la bancada de Cambio Radical, “por medio del cual se reestructura el Sector de Inclusión Social y Reconciliación, se agrupan y redistribuyen las funciones al Sistema de Bienestar Familiar y se crea el Ministerio de la Familia y Social”. El propósito, según lo expresa el documento es, a través de este nuevo ministerio, generar una política pública integral para la atención de la familia. La ponente del proyecto es la senadora Claudia Castellanos, una de las figuras más importantes de la iglesia Misión Carismática Internacional.

Ilustración: Tomada de dprimeramano.net/

Por Diana Granados

Para comprender el proyecto de ley es fundamental considerar dos elementos. El primero, las múltiples campañas que han tenido lugar en Colombia y otros países, cuestionando los derechos a la diversidad y la igualdad de las mujeres, bajo el manto de un discurso que promueve la lucha contra la existencia de una llamada “ideología de género”. En segundo lugar, el contexto de privatización de la política social como parte de un modelo económico neoliberal que, entre otros aspectos, busca el desmonte de los derechos sociales como una responsabilidad del Estado.

Grosso modo, el proyecto propone la absorción de varias entidades: el Departamento para la Prosperidad Social –DPS, La Consejería para Primera Infancia, La Consejería para la Equidad de la mujer, La Dirección del Sistema Nacional de Juventud; y plantea la adscripción a lo que sería el Ministerio de la Familia de las siguientes entidades: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Programa Colombia Mayor, Unidad de Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Igualmente propone la creación de tres viceministerios. El primero, Poblacional, conformado por: Dirección Primera Infancia e Infancia, Dirección de Adolescencia y Juventud, Dirección Adulto, Vejez y Envejecimiento y Dirección de Familia. El segundo, Viceministerio de la Mujer, conformado por: Dirección de la Mujer Rural y Dirección de Empoderamiento Económico; el tercero es el Viceministerio de Atención Social, compuesto por la Dirección Grupos Étnicos y Dirección Discapacidad.

En su exposición de motivos, tras hacer un balance en sus antecedentes sobre las políticas de familia en otros países, señala que “los temas trasversales en relación con la familia, lo que incluye las diversidades raciales, de género, de cultura, en su conformación, a pesar de ser inherentes a ella, no son el enfoque principal de la creación de los Ministerios”. Concluye, entonces, que el común denominador de estas políticas es la atención a toda la población a través de la familia, atendiendo de manera integral a quienes la componen: niños, jóvenes, adulto mayor, mujeres y población con discapacidad, dejando de lado aspectos tan relevantes como el género y la diversidad cultural.

El enfoque del proyecto de ley sugiere que la atención focalizada a cada población no ha sido efectiva para el acceso a los derechos y por eso se hace necesaria la creación de un Ministerio de la Familia que la atienda de modo integral. Esta visión reduce los derechos de diversos grupos poblacionales, ubicándolos en el marco de la “familia”, ignorando las condiciones de desigualdad y discriminación que han dado origen a la lucha por dichos derechos.

Con relación a los derechos de las mujeres, el proyecto es absolutamente regresivo al proponer la eliminación de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y generar un Viceministerio de la Mujer dependiente de un “Ministerio de la Familia”. Asume así que los asuntos de las mujeres están relacionados exclusivamente con la familia, tal y como esta se define en el proyecto de ley: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. Esta definición de la familia, heterosexual y unida para la reproducción, ignora la realidad de las familias colombianas, no solo porque desconoce a las parejas del mismo sexo, sino porque resulta muy reducida para la diversidad de formas y tipologías de familia existentes en el país.

Este discurso, desde luego, está conectado con la denominada lucha contra la “ideología de género” y está apoyado por una dinámica movilizadora de sectores conservadores de la sociedad. Al respecto, el pasado 6 de noviembre se realizó una marcha con la consigna #NiCartillasNiDecretos, que cuestionó abiertamente la promulgación del decreto 410 sobre medidas para prevenir la discriminación en espacios públicos en razón de la orientación sexual y la identidad de género diversa, y el decreto 762 de 2018 sobre la política pública para los derechos de las personas LGBTIQ, ambos expedidos en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Esta movilización es parte de una serie de acciones que cuestionan los derechos de las personas LGTBIQ y la igualdad de las mujeres. Para los sectores que lideran estas acciones existe una supuesta “ideología de género” que transversaliza los decretos anteriormente mencionados. Quienes promueven estos discursos en Colombia y en diversas partes del mundo defienden, entre otros aspectos, que la familia solo es posible si es heterosexual, están en contra de los derechos sexuales y reproductivos, en contra del aborto, cuestionan el reconocimiento de derechos a personas LGTBIQ y promueven la participación política de sectores religiosos, muchos de ellos fundamentalistas. Señalan también que la educación sexual es un asunto de los padres de familia y no de la educación pública.

Acciones como la marcha contra las cartillas sobre educación sexual en 2016 con el slogan #ConMisHijosNoTeMetas o la campaña por el voto por el No aduciendo que los Acuerdos de Paz están plagados de “ideología de género”, hacen parte de una creciente articulación de poderes políticos, económicos y religiosos que buscan afianzar su presencia en la política y que son sumamente conservadores con relación a los derechos de las mujeres y LGTBIQ. Este es el contexto donde aparece el proyecto de ley del Ministerio de le Familia de Cambio Radical, con un fuerte enfoque religioso conservador. Aunque el proyecto tiene que sortear un largo proceso para ser tenido en cuenta, es claro que el discurso sobre ideología de género va ganando terreno en ámbitos legislativos y promoviendo legislaciones bastante peligrosas para los derechos y de la mano del avance de un modelo económico voraz.

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