Movilización indígena en el Cauca: un ejemplo de dignidad

Foto: Tomada de enlineapopayan.com

Por Rubén Darío Zapata

El pasado 12 de marzo los indígenas del Cauca se echaron a las calles y se tomaron la vía Panamericana. La estrategia, recurrente ya en las últimas cuatro décadas, quería presionar al Gobierno Nacional por el incumplimiento de una diversidad de acuerdos que el Estado ha firmado con estas comunidades y confrontar su actual agenda política y legislativa, expresada sobre todo en el Plan Nacional de Desarrollo y en algunos proyectos de ley que cursan en el Congreso. Aunque la problemática es histórica y bastante compleja, los medios de comunicación comerciales la han desestimado y se han concentrado en denunciar las consecuencias económicas que el bloqueo trae para otros sectores sociales del suroccidente.

Una escuela de odio

Los noticieros de televisión han hecho seguimiento permanente al bloqueo, pero no para explicar las demandas de las comunidades indígenas y dilucidar el problema de fondo del conflicto en el Cauca. Solo han enfocado las largas filas de camiones cargados de alimentos y mercancías con destino a la ciudad y detenidos en la vía, a citadinos que se lamentan por la escasez de alimentos en las plazas de mercado de Popayán o de Pasto y a los conductores que sufren la escasez de combustible.

De esta manera han generado una confrontación civil entre los indígenas y demás sectores sociales del Cauca: en las calles de Popayán y en las redes sociales crece cada día la hostilidad contra los indígenas y muchas voces enfurecidas e ignorantes les exigen desbloquear las vías, sin indagar mínimamente en las razones de la protesta. Para calar la dimensión de dicha ignorancia baste con citar uno de esos mensajes (ni siquiera el más ofensivo) que ha circulado últimamente por las redes sociales: “que despejen la vía y los indios que trabajen, partida de haraganes”.

A la estrategia mediática de hacer énfasis en las pérdidas y las incomodidades sufridas por otros sectores sociales, se suma la insistencia del gobierno en una supuesta confrontación de derechos: por un lado, el derecho de los indígenas a la protesta pacífica y, por el otro, el derecho de los demás ciudadanos a la libre movilización. Para garantizar este derecho a la libre movilidad de los ciudadanos, el gobierno se dice en la obligación de desbloquear la vía, usando la fuerza si es necesario.

La ridiculización como recurso

Entre las peticiones concretas de los indígenas se destacan la exigencia de 41.000 hectáreas de tierra productiva y una inversión social de 3.5 billones de pesos en el próximo cuatrienio. La respuesta del gobierno a estas peticiones ha pretendido, la mayoría de las veces, ridiculizar al movimiento indígena mientras se presenta a sí mismo como ejemplo de sobriedad. La estrategia realmente no es nueva. Por ejemplo, frente a la minga Minga indígena realizada en 2017 el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, decía que para cumplir las expectativas de todos (indígenas, negros y campesinos) había que “echarle segundo piso a la región”.

Hoy el mensaje que el presidente ha enviado desde Bogotá es que no hay tierra disponible para repartir entre las comunidades rurales, y frente a la petición indígena de 41.000 hectáreas ofrece apenas 1.500. El argumento esbozado es que, al contrario de otros gobiernos, este no quiere firmar ningún acuerdo que no pueda cumplir. Es el mismo argumento para negar los 3.5 billones de pesos para inversión social en los territorios. En reiteradas ocasiones ha dicho que se trata de una cifra exagerada y que, en todo caso, el gobierno no dispone de esos recursos. Estas declaraciones, sin embargo, contrastan con un titular en la primera página del diario El Tiempo del pasado sábado 30 de marzo en el que se anunciaba en letras grandes que el gobierno iba a liberar 3 billones de pesos para atender a la población de venezolanos desplazados en nuestro territorio.

Por otro lado, han empezado a hacer carrera en los medios las declaraciones del director de un reconocido diario caleño, quien dice que el Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC ha recibido en los últimos 3 años más de 800 mil millones de pesos por transferencias y que ya la Contraloría está realizando algunas investigaciones para saber qué ha pasado con estos dineros. El argumento avanza en la misma dirección que los comentarios de ciertos sectores económicos y políticos que aseguran que los verdaderos terratenientes del Cauca son los indígenas.

Frente a esto, Giovani Yule, vocero de la Minga y miembro del CRIC, asegura que se trata de peticiones acumuladas en los consecutivos acuerdos que ha incumplido el gobierno con el CRIC. Según Yule, el departamento del Cauca tiene un área de más de 3 millones de hectáreas, de las cuales los indígenas poseen el 17%, es decir, unas 540.000 hectáreas. Pero 350.000 de esas hectáreas están en el Macizo Colombiano y otras zonas de reserva forestal, páramos, lagunas y humedales. “Más del 70% de esas tierras –dice– están en espacios sagrados para nosotros, que asumimos la tarea de defender y preservar, no solamente para los pueblos indígenas, sino para la humanidad y la totalidad de los seres vivos, la fuente hídrica más importante del país, los bosques y la alimentación propia de las comunidades”.

De esas 540.000 hectáreas quedan entonces unas 200 mil disponibles. Pero hay que tener en cuenta que esas tierras están sobre la cordillera, con una pendiente superficial de más del 30%, y que, además, se trata de un territorio semiárido, poco apto para la agricultura. “Menos de 100 mil son plenamente aptas para la agricultura. Y, desde luego, eso no es suficiente para las más de 70 mil familias indígenas que aquí habitamos. Por eso nosotros planteamos la alternativa de buscar tierra en otros departamentos, porque tenemos claro que no queremos sembrar sobre los ríos y lagunas, sobre los páramos y demás lugares sagrados”.

Además, Yule señala que mientras en el Cauca se les dice a los indígenas, afros y campesinos que no hay tierras para atender sus necesidades, en el Valle del Cauca avanza de una manera descomunal la agroindustria que ya ha acumulado más de 300 mil hectáreas de tierra en toda la cuenca del río Cauca, solamente para sembrar caña. Entre tanto, los pobladores de esta región han terminado convertidos en trabajadores corteros de caña. “Lo cierto es que ese modelo que está implementando el Estado nos está quitando la posibilidad de que sigamos existiendo como pueblos indígenas, campesinos y afros”.

Vías de hecho vs. vías de derecho

Desde que empezó el bloqueo, los indígenas han exigido la presencia del presidente Duque como una posibilidad de levantarlo; no obstante, a través de los medios de comunicación el mandatario ha hecho saber que solo negociará con los indígenas una vez levanten el bloqueo y que no cederá mientras la comunidad insista en las vías de hecho.

Según explican los voceros de la Minga, apenas dos días después de la posesión del presidente de la República, le entregaron una carta convocándolo a una conversación para incluir el plan cuatrianual de los pueblos indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta convocatoria tiene que ver con el acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las autoridades del CRIC en 1999 y materializado en el decreto 982. Allí el Gobierno Nacional se comprometía a conformar una comisión en cabeza de los ministros y las autoridades del CRIC para establecer las políticas públicas para los territorios indígenas del Cauca, fijando las inversiones en temas de tierras, salud, educación, vivienda, agua potable y todo lo que tiene que ver con los planes de vida construidos por las comunidades indígenas. “Hasta hoy –dice Yule– ese decreto no ha avanzado nada. Por eso en el año 2017 nos reunimos con el gobierno nacional, después de una Minga, y se firmó el decreto 1811 que reforzaba el decreto 982, agregando que la comisión debe fijar objetivos, indicadores y presupuestos para los cuatro años en el marco de los planes de vida”.

La idea de la convocatoria que el CRIC le hizo al gobierno en la carta mencionada era abordar el tema de dicha comisión. Y el gobierno efectivamente envió unos delegados al Cauca y los indígenas viajaron a Bogotá varias veces y socializaron el plan que han venido construyendo en su ejercicio de autonomía. Luego se estableció la comisión mixta que se reunió los días 17 y 18 de enero en Popayán. “Pero resulta que la comisión del gobierno estaba conformada por 9 viceministros y cuando les expusimos la propuesta se pararon y dijeron que ellos no tenían ningún poder de decisión frente a los temas de presupuesto y que por eso no podían tomar decisiones. Lo mismo que dice hoy la Ministra del Interior”.

Luego los indígenas llegaron a la Mesa Nacional de Concertación para discutir el Plan Nacional de Desarrollo. En ese espacio quedó claro que para los pueblos indígenas el gobierno iba a asignar 10 billones de pesos, pero que para los pueblos indígenas del Cauca dicha asignación se haría en el marco del decreto 1811 de 2017. “Sorpresivamente –dice Yule–, cuando el Gobierno Nacional somete el PND a discusión en el Congreso de la República, notamos que lo acordado se redujo casi a un 30% y que, además, el capítulo que tiene que ver con lo indígena y con lo afro quedó simplemente como un anexo, sin metas ni indicadores ni presupuestos”.

Por eso los indígenas iniciaron la Minga, y en el marco de esta convocaron al presidente Duque, el 12 de marzo, a discutir el tema frente a la comunidad en la vereda el Pital del municipio de Caldono.  

Foto: Tomada de contagioradio.com

Esta Minga es política

La Minga, según explica Giovani Yule, quiere convocar a un debate público al Gobierno Nacional a propósito del PND y su agenda legislativa en la que los indígenas ven un retroceso respecto a los derechos adquiridos. “En el PND –explica Yule– el gobierno está avanzando en una política meramente extractivista, entregando los recursos naturales a las multinacionales y el patrimonio público a los inversionistas privados”.

Un asunto que el CRIC ve con bastante preocupación es el retroceso de este gobierno frente a lo que se pactó con la guerrilla de las FARC en la Habana. “Allí negociamos un capítulo étnico en el que se plantearon 97 metas trazadas y 97 indicadores para la implementación de los acuerdos en los territorios. Pero eso no quedó contemplado en el PND, por lo tanto, la mayoría de programas para los territorios no cuenta con presupuesto”.

Además, el CRIC impugna en el marco de la Minga el cambio de la función social de la tierra, considerado en el proyecto de ley que pretende reformar la ley 160 de 1994. “Lo que quiere el gobierno mediante esta reforma –asegura Yule– es instrumentalizar la tierra como simple mercancía para el mercado y construir las condiciones normativas y políticas para entregarle a las multinacionales los recursos naturales de nuestra nación. Y eso es letal porque acaba con nuestra cultura y nuestra espiritualidad”. En vez de entregar tierras a los campesinos y demás comunidades rurales que carecen de medios de subsistencia, tal como estipulaba la reforma agraria y la Constitución de 1991, el gobierno lo que pretende, según Yule, es entregársela a los emporios agroindustriales, mediante la constitución de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRE), convirtiendo de paso a las comunidades rurales en peones de las corporaciones. En el mismo sentido, la Minga confronta el proyecto de ley que busca derogar la ley de restitución de tierras, que es el único mecanismo mediante el cual las víctimas pueden reclamar las tierras que les fueron arrebatadas en el marco del conflicto armado.

El proyecto más lesivo de todos para las comunidades rurales, desde el punto de vista del CRIC, es el que busca reformar el tema de la consulta previa para los megaproyectos en el territorio. “Lo que se pretende –explica Yule– es que esta sea una consulta informal, sin efecto jurídico, para lo que los grandes proyectos extractivistas irrumpan en los territorios, sin que nosotros podamos decir nada. Lo que vemos entonces es que este gobierno está realizando el tránsito hacia un Estado autoritario, donde los mecanismos de participación de las comunidades se están reduciendo”.

En ese sentido, explica Yule, la Minga no defiende solo los derechos de los indígenas, sino que defiende la democracia, la paz, el territorio, la vida. El debate está servido, y trasciende, por lo tanto, la discusión a propósito de si se levanta o no el bloqueo de la Panamericana.

2 comentarios

  1. Así es compañer@s, ponerse en modo Minga es ponerse en modo dignidad de los pueblos. Se habla en clave de derechos. La misma institucionalidad pública es producto de nuestra historia como sociedad, la existencia de cada “ministerio” o “servicio” es para dar cumplimiento al ejercicio de los derechos. Bien visto, no debería haber este tipo de protestas, las hay porque hay incumplimientos, primero de la misma gestión pública y luego porque obligados a la movilización se firma acuerdos que no se cumplen. Con el ejemplo del Cauca y el Suroccidente de Colombia, pareciera crearse el clima apropiado para las jornadas cívico-populares nacionales que se anuncian para finales de abril y comienzos de mayo. Se trata de la vida de la naturaleza y de los seres que la habitamos. Es el momento de la recuperación, el mantenimiento y la protección de los bienes naturales y la vida en todas sus expresiones, incluida la vida humana cuya degradación es alarmante en Colombia.

    Me gusta

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s