Reforma laboral: una bomba contra los trabajadores colombianos

Carlos Gustavo Rengifo Arias

Sumada a la posible privatización de Colpensiones, el gobierno nacional, por solicitud de los grandes gremios económicos, pretende adelantar, después de las elecciones, una reforma laboral que lesionará mucho más la calidad de vida de los trabajadores en Colombia. Urge la movilización contra este nuevo ataque a los derechos de todos los colombianos.

reforma laboral
Imagen tomada de Kaos en la Red

La última gran reforma laboral, de marcado carácter neoliberal, se realizó con la Ley 50 de 1990, responsable de la implementación de los contratos por servicios, la terminación unilateral de los contratos por parte del empleador y la disminución de los costos de despidos, entre otros aspectos. Todo con el objetivo de reducir los costos laborales de las empresas, brindarles más competitividad a la mismas en el marco de una economía globalizada y aumentar el empleo; pero el resultado, incluso en la misma década, fue que la tasa de desempleo en Colombia se situó en 20%, la más alta de la historia, y aumentó el empleo informal y la inestabilidad laboral.

El contenido de la nueva reforma laboral

Hoy los gremios como ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras), Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes) y los grandes grupos económicos, le solicitan al gobierno “flexibilizar” aún más el mercado laboral. El argumento dado recientemente por Luis Carlos Sarmiento Angulo (fundador del grupo Aval y con una riqueza estimada hoy en US $10.200 millones.), dice que “es necesario disminuir los altos costos laborales para aumentar el empleo, y así ayudar a incrementar la cobertura pensional en el país”. La propuesta de los gremios se hace en el contexto de una evidente guerra comercial entre EEUU y China y vientos de recesión a nivel global.

La nueva reforma laboral contempla, en general, los siguientes aspectos: a los jóvenes menores de 25 años se les pagaría un salario equivalente al 75% del mínimo vigente, durante el primer año de trabajo. Se acabaría el pago de interés a las cesantías por parte del empleador, con el argumento de que ya los fondos privados reconocen un interés por estas. Se podrá contratar por horas y se pagarán solo los días trabajados, eliminando así el pago de los sábados, domingos y festivos, igual que el pago de horas extras y nocturnas. Los gremios aseguran que esta medida solo aplicará para los nuevos empleos que se generen. Se propone, además, salario diferencial por regiones, e incluso diferenciarlo entre urbano y rural, amarrando el salario a la productividad y competitividad de cada región y se aplicarían nuevos topes a los costos de despidos.

La reforma laboral también está acompañada de una reforma a la seguridad social: de esta manera, se propone que la edad de jubilación para los hombres sea de 65 años de edad y 62 para las mujeres, esto para quienes se jubilen entre 2024 y 2029, y aumentar las semanas cotizadas de 1.200 a 1.600. Para quienes se jubilen a partir de 2030, la edad será de 67 años para hombres, y 65 años para mujeres, y las semanas cotizadas subirán hasta 1.820. Adicionalmente, respecto al aporte de los trabajadores a la seguridad social, se pretende que aumente del 8% al 12% del salario hasta el 2029; a partir de ese año aumentaría hasta un 16%. Además, se eliminaría el 4% del aporte de los empleadores a las cajas de compensación, afectando el importante papel que cumplen estas con respecto a la adquisición de vivienda, capacitación, salud y recreación.

Respecto a las incapacidades por enfermedad, los gremios proponen que se revisen la veracidad de las incapacidades y que a las incapacidades por accidentes laborales después de 3 días y hasta el sexto mes se les reconozca tan solo el 85% de salario. Si la incapacidad supera el sexto mes, se le reconocerían tan solo dos terceras partes del salario. Respecto a las incapacidades por enfermedad y accidente no laboral, se pagarían dos terceras partes del salario durante los primeros 8 días, y a partir del noveno día se pagaría solo el 55% del salario. Además, los gremios exigen que la productividad laboral sea la base para el aumento anual de los salarios.

La voz de los jóvenes

Federico Giraldo, joven de 18 años y estudiante de administración de negocios de Eafit, afirma, respecto a algunas de estas medidas, que “disminuyen la calidad de vida del trabajador y se menosprecia, de esta manera, la mano de obra”. Respecto a las medidas que aplican sobre los jóvenes, señala que “es terrible, pues se les quita el derecho a las personas jóvenes de tener una vida digna, que ya ni siquiera lo es con el actual salario mínimo”, y se pregunta “¿Cómo pretenden que sobrevivamos con menos del mínimo?”. Federico cuestiona que se quieran reducir los costos laborales para aumentar el empleo, y señala que “los costos deberían ser reducidos por otros medios y no perjudicando a los empleados, quienes son los que sostienen a las empresas, por ejemplo, a través de mejores estrategias de negocios o reduciendo costos de materias primas”. El problema, además, es que generalmente la reducción de los costos de las materias primas es en detrimento del medio ambiente.

Frente a la idea de pagar solo los días trabajados, el joven afirma que “esto reducirá la calidad de vida del empleado, pues este pasará de descansar a trabajar más días para obtener el ingreso necesario; de esta manera termina siendo tratado como una máquina”. Por otro lado – se pregunta Federico – si bajan los salarios del trabajo, ¿Cómo se pretenden estimular la economía?, “al reducir los ingresos las personas tendrán menor poder adquisitivo, disminuyendo su consumo”. Por último, considera que “es contradictorio que a la par que disminuyen los ingresos laborales se pretenda que el trabajador asuma más costos relacionados con salud y seguridad social”.

Por otra parte, Alejandro Betancur, de 25 años y estudiante de Trabajo Social de Uniminuto-Bello, señala que “el gobierno Duque con la nueva reforma laboral y pensional pretende maltratar aún más los derechos de los trabajadores, y también los de los jóvenes, al querer reconocer tan solo el 75% del mínimo. Así mismo, ya con un salario indigno, el pago por horas termina de atacar el derecho a la pensión, aumentando mucho más, no solo la tercerización del trabajo, sino su precarización, lo que pone en escena un panorama preocupante y demuestra que este gobierno es enemigo de la clase obrera”.

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