El glifosato no está en cuarentena

Por Santiago Alarcón Serna


lustración: Tomada de noventaradio.com

Aunque Colombia como gran parte del mundo se encuentra aún implementando medidas como las cuarentenas, el distanciamiento y los estados de emergencia sanitaria debido a la pandemia ocasionada por el COVID19, los asuntos que habían estado en el centro del debate público de la agenda nacional no guardaron la cuarentena; uno de estos temas fue la aspersión con glifosato sobre cultivos de uso ilícito. Esto, a pesar de que la Corte Constitucional, con la sentencia T – 236 de 2017, había concluido que de forma provisional se encontraban argumentos que permitían afirmar la toxicidad del herbicida y los efectos adversos que podría causar a la salud de las personas y al medio ambiente. La sentencia pedía, además, que se hiciera uso del principio de precaución en materia ambiental estableciendo órdenes necesarias de cumplir por parte del gobierno nacional si quería hacer uso del herbicida. Pero el gobierno del presidente Iván Duque ha persistido en sus esfuerzos dirigidos al retorno de las operaciones de aspersión con glifosato sobre cultivos de uso ilícito aún durante la cuarentena.

Uno de los primeros intentos del presidente, luego de la audiencia pública ante la Corte Constitucional donde solicitaba la flexibilización de la T-236 de 2017, fue la publicación, a principios de este año, de un borrador de decreto a través del cual pretendía crear el marco normativo especial, en apariencia autónomo e independiente, para el uso del glifosato. Durante varios meses no tuvimos noticias públicas sobre el tema, hasta que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) convocó, por medio de un edicto, a una audiencia pública ambiental de manera virtual que iba a realizarse el 27 de mayo. La presión por la realización de la audiencia se da en el marco del trámite administrativo que tiene como fin la modificación del plan de manejo ambiental para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida glifosato (PECIG), que estaría a cargo de la Policía Nacional.

La audiencia había sido solicitada por una serie de colectivos y organizaciones sociales antes del inicio de la cuarentena, y finalmente fue citada por el subdirector de mecanismos de participación ciudadana ambiental de la ANLA, atendiendo a que, según lo establecido en el auto 03071 de abril de 2020, mientras durara el aislamiento obligatorio, la audiencia pública ambiental sería realizada de forma virtual. Sin embargo, la ANLA no tuvo en cuenta que la realización de una audiencia pública de carácter virtual desconoce los estándares constitucionales establecidos para la participación ambiental en la sentencia T-236 e ignoró, además, que no se trataba de un asunto simple, y que, por el contrario, la complejidad de la misma era impensable abordarla en un espacio de consulta digital. Sobre todo en nuestro país donde aquellas comunidades que han sido más afectadas por el uso del glifosato o aquellas que podrían llegar a serlo con un eventual regreso de las actividades de aspersión, no podrían haber participado en la audiencia por carecer de acceso a internet.

Inicialmente Dejusticia presentó un recurso de reposición en contra del auto que convocaba la audiencia. Posteriormente dos asociaciones de campesinos de Policarpa, al oriente del departamento de Nariño, interpusieron acciones de tutela contra la ANLA, buscando que el juez de tutela protegiera sus derechos a la participación, la consulta previa y el debido proceso, así como los de sus comunidades y los de todas las personas que se encontraran en una situación similar.

Ante los argumentos de estas organizaciones sociales, dirigidos a mostrar cómo esta audiencia iba en contravía de los principios constitucionales de participación y de las órdenes y requisitos establecidos por la Corte Constitucional de forma específica para el regreso del PECIG, la audiencia virtual fue finalmente suspendida.

Sin embargo, ahora surge una serie de dudas sobre la propuesta de la Policía Nacional para el Plan de Manejo Ambiental que tiene como fin reanudar el PECIG. Se trata de un documento de 3.200 páginas, extremadamente técnico en áreas como la química, la biología, el derecho, la agronomía, y que ha carecido de toda socialización con las comunidades. Carece, además, de los anexos que cita el texto como evidencias o fuentes, y presenta vacíos en lo referente al equipo interdisciplinario que creó el plan y los costos reales de su aplicación. Esto obliga a revisar nuevamente y a profundidad el tema y no perder de vista las alternativas como la sustitución de cultivos y la erradicación manual de los mismos.

Hoy nos encontramos con un panorama en donde el gigante químico alemán Bayer, luego de perder tres juicios en Estados Unidos, llegó a un acuerdo en donde indemnizará a más de cien mil demandantes que podrían sufrir cáncer por usar el herbicida Roundup, del cual el ingrediente activo es el glifosato. Hablamos de un arreglo de más de 10.000 millones de dólares como resultado de más de 1.100 estudios científicos sometidos a revisión por un comité científico o por pares y que fueron recopilados y publicados por la ONG Naturaleza de Derechos bajo el nombre de “Antología Toxicológica del Glifosato +1000”. Estos estudios dan cuenta de los impactos negativos en la salud y el medio ambiente causados por el herbicida.

Nuestro esfuerzo, entonces, debe apuntar a impulsar los programas de sustitución y, ante la imposibilidad de estos, promover los de erradicación manual. Lo indispensable es seguir cuestionando y tensionando críticamente la aspersión, transformando cada día el paradigma de la prohibición.

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