Por Julio César Rubio

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El debate que se presenta en la Universidad del Valle, a propósito de las declaraciones y justificaciones “jurídicas” del rector, según las cuales la institución está impedida para negociar los salarios de los docentes hora cátedra, tiene de fondo una realidad más compleja y estructural, y es la naturalización de la precariedad laboral de los/as docentes con este tipo de vinculación. En algo más de tres décadas es evidente el proceso de desfinanciación de las universidades públicas, lo que trae consigo reducción de inversiones en infraestructura, estancamiento de nuevos cupos y programas académicos y, obviamente, menos docentes nombrados. Resolver esta complejidad pasa, necesariamente, por ampliar las bases presupuestales, de lo contrario se continuará agravando la situación.

Pero, si se acoge a pie juntillas lo anterior, solo resta esperar que el gobierno nacional decida – como lo ha anunciado – destinar recursos para fortalecer la educación superior. Mensaje que no resuelve del todo lo dicho anteriormente, porque, si bien se necesita ampliar cobertura con calidad, que supone más cupos, programas e infraestructura, no hay un anuncio explícito sobre el fortalecimiento de la docencia universitaria, que no sea el de cupos para becas doctorales. El punto sobre las condiciones socio-laborales, académicas y subjetivas de los/as docentes hora cátedra no se enuncia. He ahí el primer rasgo de su naturalización: estos/as docenes existen y están en la universidad, dan sus clases y cada cuatro meses se contratan, lo cual supone un tiempo de desvinculación y desprotección social.

Estas condiciones, propias de la flexibilización laboral y de un proyecto académico y vital episódico – la duración de su contrato – no es objeto de preocupación. Lo cual ratifica el rector de Univalle de manera palmaria. La fuerza de trabajo académico, investigativo y de acompañamiento formativo que realizan algo más de 2.000 docentes está inscrita en las lógicas de la precarización generalizadas de la sociedad contemporánea, de lo cual es responsable o, por lo menos cómplice, la institución.

Al final, para unos temas somos importantes y para otros ninguneados. La administración de la universidad, conociendo ello, no ha emprendido estrategia alguna de solución, porque sus intereses han sido otros, como la estabilidad financiera o la administración de los pocos recursos, u otros temas. Pero, por omisión – quizás -, ha reproducido esta naturalización.

Decir, entonces, que los docentes cátedra “no son empleados de la universidad”, además de ser empíricamente falso, es jurídicamente evasivo. Es evasivo porque no asume lo que diariamente se hace, así los contratos señalen las nociones de empleo temporal o provisional. La labor docente es un trabajo y nos emplean para ello, más allá de los eufemismos o tecnicismo legales. Ahora bien, según plantea el rector, la norma no permite algún tipo de negociación salarial y nominación como empleados/as. Aceptémoslo para efectos argumentativos, por lo cual la pregunta sería ¿qué ha hecho la universidad para resolver un problema de esta magnitud? Seguir esperando el recurso nacional o seguir abriendo convocatorias públicas para nombramiento, por demás con pocos cupos, es reproducir la inercia de lo dado.

La universidad debería estar debatiendo y proponiendo fórmulas para garantizar, muy a tono con el panorama nacional, la formalización de sus docentes catedráticos/as. Si los mensajes del gobierno han estado orientados al fortalecimiento de la educación superior, pero solo en cobertura e infraestructura, será otra acción estatal que precarizará más la docencia hora cátedra universitaria. A más cupos, más salones y, se supone, más docentes, pero ¿en cuáles condiciones?

El éxito de la universidad no puede estar soportado, en parte, en condiciones laborales que extiendan la inseguridad y la desprotección social, lo cual es un contrasentido con la misión institucional. Ahora bien, no es un secreto la instauración en el mundo educativo de prácticas manageriales, muy adeptas al eficientismo mercantil del “hacer mucho con poco”, o, al principio a veces contra-fáctico de la burocratización o gigantismo de lo público, que han servido para la tercerización y flexibilización de los servicios, entre ellos, la docencia universitaria. Esa ha sido la receta gerencial.

Aquí, entonces, surge un interrogante: ¿cómo enfrentará la universidad su expansión e incidencia regional, si una parte de ella son los/as docentes cátedra no empleados/as de ella? La peor respuesta sería seguir con el estado actual de cosas, porque vale decir que el proyecto de regionalización, desafortunadamente, padece este mismo problema de la precarización docente; agregándole una especie de asimetría y desigualdad, porque las garantías de la labor no son las mismas entre las sedes regionales y la principal en Cali. Sin olvidar los nodos en algunos municipios. Quizás sea muy loable expandir el proyecto educativo y lograr que muchos más jóvenes accedan a la educación superior, ello nadie lo ponen en entredicho, pero no debe ser promoviendo o ahondando, directa o indirectamente, precariedades laborales e institucionales.

Por lo anterior, atender el llamado de una política de formalización docente, si bien debe tener en cuenta los recursos propios y los obligatorios por parte del Estado central, no obvia pensar y diseñar estrategias para su cumplimiento. La experiencia acumulada durante años por los/as docentes, más sus esfuerzos personales de formación y las relaciones pedagógicas construidas, ya son un capital invertido de una enorme valía y fuerza para la universidad que, antes que negarlo defensiva y reactivamente, merece el reconocimiento que por largo tiempo ha ganado. Esta labor, oficio o profesión, paradójicamente, en varios listados de las profesiones que desaparecerán en el futuro, no aparece. Es decir, la docencia, la figura del docente o profesor/a, perdurará en el tiempo, aún y a pesar de los avatares de ChatGPT y las demás inteligencias artificiales. Y, si Univalle, como parece ser, tiene un proyecto de largo plazo, los necesitará.

Si las cifras dicen que existen alrededor de 2.600 docentes cátedra en Univalle, no es un indicador saludable, debe ser entendido con toda la preocupación que supone tener una institución de alta calidad y, sobre todo, que esté reproduciendo – acríticamente – las desigualdades e injusticias que denuncia en sus aulas y en sus libros.