Por Juan Diego Suárez

El pasado lunes 30 de enero de 2024, un comunicado de la Policía Nacional del Perú hizo evidente que la llamada democracia del país andino ha sido reducida a mero cascarón discursivo que amenaza con reventar en cualquier momento. En dicho comunicado, la Policía Nacional del Perú reaccionaba frente a una caricatura publicada en el diario “La República”, uno de los principales periódicos generalista y que hasta hace poco hacía parte de la hegemonía política en el Perú. En dicha caricatura, donde aparecen tres policías, se pretende que el lector distinga cuál policía es un delincuente y cuál no. Aunque este ejercicio pareciera de una crítica pueril al estado actual de las fuerzas armadas peruanas y su papel en la represión tras la caída de Pedro Castillo el 07 de diciembre de 2022, lo significativo de este episodio es que la Policía peruana trató de censurar de manera directa uno de los principales diarios históricos de la oligarquía peruana.

Sin embargo, hay que remontarse al punto donde este cierre oligárquico y represivo tuvo su último giro de tuerca. Todo comenzó con el derribo y acoso al presidente Pedro Castillo que desde un inicio emprendió el Congreso peruano. En esto servía como puntal del grupo de fuerzas que veían en el presidente democráticamente elegido un advenedizo del poder que debía ser reducido de manera inmediata. De lo contrario, sería evidente que el ejercicio del poder no está reservado en el país para aquellos que se declaran descendientes de encomenderos que gobernaron al país durante la colonia y que ahora un simple profesor de escuela y líder sindical podría devenir presidente.

El gobierno de Pedro Castillo, que podría calificarse como un producto de la coalición entre sectores sindicales, agrarios y profesionales urbanos que vieron en él un giro emancipador frente al Lima aún virreinal, llegó a su punto de crisis máximo en diciembre de 2022. El Congreso peruano había bloqueado completamente cualquier iniciativa de cambio popular simbolizada por Castillo, e inclusive estaba preparando un juicio político sobre la base de la supuesta incapacidad mental del presidente. Ante este panorama de un golpe oligárquico, Castillo quiso adelantarse y tomar la iniciativa utilizando su capacidad constitucional para disolver el congreso.

A diferencia de Fujimori, quien también disolvió el Congreso en 1992, Pedro Castillo perdió el apoyo tanto de los militares como de sus propios ministros, forzando los hechos para tener que aparecer, finalmente, como un presidente que estaba huyendo hacia la embajada de México. Este país le había ofrecido asilo ante el peligro que corría su vida en el contexto de la contraofensiva antipopular iniciada por sectores políticos, económicos y mediáticos tradicionales. Finalmente, Castillo fue detenido por su misma escolta policial el 7 de diciembre de 2022, apenas unas horas después de firmado el decreto que disolvía el Congreso, y desde aquel día ha venido siendo procesado bajo el presunto delito de rebelión.

Luego de la presunta huida de Castillo, el Congreso peruano, de manera retributiva, destituyó al antiguo presidente por “permanente incapacidad moral”, según un artículo de la constitución peruana. El intento de disolver el Congreso fue a posteriori considerado por los diversos medios como un “suicidio político”, ya que sus apoyos en el Congreso nunca fueron sólidos y la inexistencia de un partido político que cimentara su propuesta dejó su gobierno popular al vaivén de las coyunturas y extorsiones que se ejercían desde el Congreso. Tal era el nivel de desarticulación del gobierno, que finalmente fue Dina Boluarte, la vicepresidenta de Castillo, quien tomó el gobierno en nombre del Congreso y los sectores económicos que siempre lo vieron como un maestro incapaz, que era indigno del cargo de presidente de la república.

Pero este cierre oligárquico por arriba no tuvo su correlato de aparente paz por parte de los sectores populares y sectores urbanos y campesino de la sierra peruana. Ya para el 11 de diciembre de 2022, se podían contar aproximadamente 62 muertos en zonas como Arequipa, Puno y Juliaca. La reacción frente a la defenestración de Castillo fue tomada como una ofensa personal por parte de estos sectores, pues uno de los argumentos con los que siempre se arguyó la incapacidad mental de Castillo fue que no era más que un maestro rural incapaz de pensar al país. Simbólicamente esto fue asumido por los sectores populares como una demostración del racismo y clasismo, además del profundo desprecio colonial que ha marcado la elite blanca del Perú desde tiempos coloniales.

Los manifestantes, desde diciembre de 2022, han venido exigiendo la salida de Boluarte por considerarla traidora y asesina. Aunque el apresamiento de Castillo parecía el cierre de la crisis política y el retorno del orden hegemónico que había venido a perturbar el llamado maestro de escuela, el nuevo gobierno de Boluarte ha venido tomándose atribuciones legales que rompen con el aparente estado de derecho y el orden liberal que se preciaba de tener el Perú. La vocación de permanencia del Congreso, la colusión permanente entre las altas cortes y el gobierno, así como la persecución de periodistas críticos, son pequeñas muestras de que las largas sombras del fujimorismo, desde la década del 90, signan el Perú. Los anhelos de democratización y redistribución en el país chocan con la marcada voluntad de la elite estamental limeña para eliminar cualquier intento de autonomización popular que vaya más allá de ser simple proveedores de mano de obra barata para las ciudades de la costa.

La crisis y derribo del gobierno de Pedro Castillo demuestra que la llegada por medio de las elecciones a las más altas posiciones de la democracia representativa puede no ser más que un sueño febril de una noche de verano. Ello podría estar mostrando que la avanzada de gobiernos progresistas, si no toman en serio el desafío y la fuerza de los sectores tradicionales, siempre estará a la defensiva frente al núcleo autoritario y neoliberal de los Estados latinoamericanos. Colombia no es una excepción, pero esperemos que pueda aprenderse por experiencias cercanas.