Contadores alertan sobre implementación de nueva normatividad contable

Por Angie Heredia

nueno sistema contable
Imagen: revistamercado.do

Desde el año 2009 el gobierno ha anunciado la necesidad de adaptar los sistemas de información contable y financiera de las empresas colombianas a estándares internacionales. Este año se cumple el plazo último para que todas las empresas y organizaciones (no solo las empresas comerciales) comiencen a aplicar las llamadas NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). No obstante, las implicaciones de esa estandarización aún no han sido lo suficientemente analizadas y podrían, según algunos analistas, atentar contra el patrimonio público y social de todos los colombianos.


En Colombia cualquier tipo de organización que esté jurídicamente constituida está obligada a llevar contabilidad y adicionalmente a generar estados financieros para presentarlos anualmente ante algún regulador o autoridad. En el caso de una empresa privada, debe presentarlos a sus socios, sus inversionistas o al público interesado.

Astrid Acevedo, directora de Contándonos, empresa de consultorías y asesorías contables, explica que la antigua norma, contenida en el Decreto 2649 de 1993, fue pensada desde la lógica de las sociedades comerciales, pero luego se extendió a otros sectores, por ejemplo el de la economía solidaria o de economía social, que, aunque no tienen ánimo de lucro, están obligados a llevar contabilidad. Solo las empresas del sector público estaban exentas de aplicar esta norma por pertenecer a un régimen especial. Indica, además, que esa norma, de origen anglosajón y financiero, nunca se aplicó por completo y terminó adaptándose más a la rendición de cuentas (el aspecto fiscal), de manera que sufría modificaciones cada vez que salía una nueva reforma tributaria.

En 2009 se emitió la ley 1314, llamada Ley de Convergencia de Estándares Internacionales de Información Financiera, motivada por la necesidad de internacionalizar y posicionar mejor las empresas colombianas en los mercados internacionales, atraer capitales extranjeros, mejorar la productividad y la competitividad, y por el anhelo del gobierno de adherirse a una serie de organismos internacionales como la OCDE.

Todas en el mismo costal

El primer asunto sobre el cual alertaron las agremiaciones contables como la Federación Colombiana de Colegios de Contadores Públicos (FENECOP), fue el hecho de obligar a todo tipo de organizaciones, independientemente de su naturaleza, de sus características y de los mercados en los que operan, a aplicar estándares internacionales, sin considerar si les sirven o no.

Las empresas y organizaciones fueron clasificadas en tres grupos: en el grupo número uno están las empresas inmersas en mercados públicos de valores, o empresas de interés público comercial como Avianca o Ecopetrol, y las grandes empresas que cuentan con unos activos mayores a 30 mil salarios mínimos mensuales; a ese grupo le corresponde aplicar las NIIF plenas. En el grupo dos están las pequeñas y medianas empresas, conocidas como Pymes, que son la mayoría de las empresas en Colombia; estas deberán aplicar una versión reducida de la norma, que se llama NIIF para Pymes. Y el grupo tres, el de las microempresas, debe aplicar un modelo llamado marco de principios de contabilidad simplificado, basado en el costo histórico y con revelaciones mucho menores que las exigidas en la norma anterior.

Según Elkin Quiroz, profesor de la Fundación Universitaria Luis Amigó, muchos países poderosos económicamente no aplican estos estándares, incluido el principal socio comercial de Colombia, los Estados Unidos. Y en todo caso, en el plano internacional las NIIF se aplican únicamente a las empresas que están activas en el mercado de valores, es decir las del grupo 1. En Colombia, en cambio, se aplicaron otras variables para agregar a las mipymes, que constituyen más del 95% de la estructura empresarial del país y que no están, ni les interesa, en los mercados de valores.

La mayoría de analistas no encuentra razón para que el gobierno quiera implementar los mismos estándares, básicamente financieros, a las grandes empresas y a las mipymes. Mucho menos que quiera aplicarlos también a las empresas sin ánimo de lucro (Esal): empresas del sector solidario y organizaciones sociales, la inmensa cantidad de corporaciones culturales, ONGs, asociaciones campesinas, fundaciones, cooperativas, fondos de empleados, propiedades horizontales, etc.

Entre las múltiples afectaciones que la implementación de esos estándares puede traer, una muy significativa son los cambios en la forma de realizar la valoración de los activos de una empresa, mediante el concepto del valor razonable, y aquí vale la pena hacer un paréntesis.

Hoy dos mil, mañana cinco mil y viceversa

Marina tiene una empresa en la que produce empanadas y para hacerlas necesita comprar harina de maíz, así que va a donde don Chucho para que se la venda:

-Don chucho, me vende 10 kilos de harina de maíz.

-Yo se los vendo, pero eso está muuuy caro. Le valen treinta mil.

-Pero, cómo, ¡don Chucho! Si la semana pasada estaba a dos mil el kilo.

-!Aaah sí! pero con el fenómeno del Niño, la sequía, la escasez… Si quiere va y la busca en otro lado… pero aquí valen treinta mil.

Marina, que no es boba, se va a averiguar en varias partes y se encuentra con que, efectivamente, n todas, subió el precio de la harina a tres mil el kilo y como toda la vida le ha comprado a don Chucho, vuelve donde él:

-Ah, nooo Marinita, usted si se demoró mucho, y vea, tooodo el mundo pidiendo harina… ya está a cinco mil el kilo.

-¿Qué? ¡Descarado!

Corriendo se va y repite la misma operación. Al final se da cuenta que no tiene alternativa y, resignada, paga por sus diez kilos de harina cincuenta mil pesos. Juiciosa, como es, apunta en su contabilidad cuánto le costó.

Al mes, Marina debe hacer un balance y resulta que en su inventario todavía le quedan tres kilos de harina, ella calcula que en sus activos (en su haber) tiene en harina, el equivalente a quince mil pesos. Y ¡oh sorpresa tan grande! cuando descubre que en la calle el kilo de harina está otra vez a dos mil. ¿Contablemente eso que implica? Que disminuyeron sus activos.

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Imagen: revistamercado.do

Es cierto que tan simple no es, y es cierto que a las microempresas en Colombia no se les va a aplicar los mismos estándares. Así como es cierto que el valor razonable (fair value en inglés) no es un concepto nuevo, está basado en el principio básico de la economía neoclásica que parte de la idea que el mercado establece las preferencias de las personas y el valor de las mercancías es el valor que se establece en medio de una negociación entre dos personas interesadas, “debidamente informadas” y en un mercado activo.

Es algo que ha existido siempre en la lógica capitalista (y también en la contable). Solo que ahora es llevado al extremo de la lógica de los mercados financieros internacionales, y representa no solo un peligro grande para las empresas de capital mixto, como Ecopetrol, sino también para las pequeñas y medianas empresas que deberán aplicar técnicas financieras a la valoración de sus activos.

El caso Ecopetrol

A finales de febrero le anunciaba el Ministro de Hacienda al Congreso su intención de vender la participación del Estado en 30 grandes empresas; en primera línea, Ecopetrol.

La caída de los precios del petróleo y por consiguiente la baja en el precio de las acciones de la empresa tenía nerviosos a sus accionistas, pero, además, preocupaba la presentación de los estados financieros bajo la nueva norma. De hecho, ya en 2015, analistas de la firma Baker Tilly habían advertido que la aplicación de las NIIF en general podía generar un impacto negativo de entre cinco y quince por ciento en el patrimonio que venían presentando las empresas bajo normas locales.

Los estados financieros presentados por Ecopetrol recientemente evidencian cómo en 2014, con la adaptación de los balances a las nuevas normas, su patrimonio pasó de 71,1 billones de pesos (bajo la medición anterior) a 49,9 billones. “La reducción fuerte del patrimonio está en los 21,24 billones de pesos que dejan de ser contemplados dentro de este por cuenta de activos no reconocidos como tal con la adopción de las NIIF”, deduce el analista Camilo Ochoa.

Pero eso no es lo único: “lo que hace la norma – añade Elkin Quiroz- es una presentación diferente de los hechos económicos; los estados financieros de Ecopetrol, a diciembre de 2015, mostraron una pérdida de 3,9 billones de pesos, mientras que bajo la norma contable anterior hubiesen demostrado ganancias por aproximadamente 2,4 billones. Haga cuentas, la pérdida total sería de más de 6 billones de pesos, y eso es mucho dinero”.

Así las cosas, este es el primer año en que Ecopetrol no entregaría dividendos a sus accionistas, que son: el Estado en un 84% y el resto pequeños accionistas, ciudadanos colombianos que en su momento compraron acciones a buen precio para elevar su patrimonio.

Queda la pregunta de si podría ser esta una de las estrategias con las cuáles el gobierno intentaría justificar la venta de una empresa tan importante para la economía del país.

¿Cómo afectan las NIIF a las pequeñas empresas?

La magnitud de la pérdida en el caso de Ecopetrol es muy grande, e ilustra perfectamente el “peligro” de afectación al patrimonio que desde un principio previeron los profesionales de la rama contable, pero el impacto en las pequeñas y medianas empresas y en las entidades sin ánimo de lucro podría ser aún peor. “Cuando se obliga a aplicar unas normas internacionales que te están diciendo que tienes que deteriorar tus activos porque las condiciones de mercado dicen que tu empresa no vale tanto como tú dices, ahí hay un gran riesgo”, comenta Quiroz, quien además añade que dicho riesgo puede afectar el acceso a créditos y, en general, la sostenibilidad de las organizaciones a largo plazo. Eso sin contar los costos en tiempo y dinero que implica la adaptación.

En el caso de las empresas de economía solidaria como las cooperativas, el asunto parecía aún más grave, pues según su naturaleza los aportes sociales que realizan sus asociados eran considerados hasta ahora parte de su patrimonio. Pero según las NIIF, esos aportes pasarían a ser parte del pasivo (deuda), pues son considerados obligaciones que en algún momento deberán pagarse a los asociados y en ese tipo de empresas los aportes sociales pueden representar incluso el mayor porcentaje de sus activos.

El sector cooperativo logró, sin embargo, mediante un intenso trabajo de negociación, apoyado en estudios realizados por expertos, que se “exoneraran los temas de cartera de créditos y los aportes sociales de la aplicación de la norma y quedaran iguales a como se venían registrando en la contabilidad”, así lo anunció Confecoop a principios de este año.

Ese es un triunfo que demuestra que es posible aún hacer presión para detener algunos impactos negativos. “Pero se necesita mucha organización, información, alianzas entre sectores de la economía social y solidaria y profesionales comprometidos, agrega Juan José Henao, estudiante de Contaduría Pública y miembro del movimiento social profesional Dignidad Contable, el cual viene, desde hace algunos años, llamando la atención respecto a todo lo relacionado con la aplicación de las NIIF y con la profesión contable en el país.

Para él, la información y los estudios previos aportados por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el organismo encargado de esos asuntos, no fueron suficientes y aún existe mucha confusión respecto a la aplicación y utilidad de los estándares. La magnitud de la confusión es tal que esa entidad emitió, tan solo entre 2013 y 2014, 1.176 conceptos interpretativos de la norma.

Es necesario aún realizar estudios ajustados a cada sector y cada categoría empresarial; los resultados apenas empiezan a verse y los ciudadanos debemos ejercer funciones de veeduría, en casos particulares como el de Ecopetrol y otras empresas.

 

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