La paradoja de la participación

Por Diego Pérez

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Foto: http://www.coruna.es

Ahora que la Mesa de Conversaciones de La Habana parece acercarse a la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y que la Corte Constitucional ha aprobado la convocatoria al plebiscito para la refrendación de los acuerdos, vuelve a agitarse el tema de la participación ciudadana. Tanto quienes quieren que gane el no como los que apuestan por el sí acuden a un lugar común: la gente debe participar y salir a votar.

Unos y otros consideran –ahora sí- que la participación de las y los ciudadanos es decisoria para el futuro del acuerdo entre el gobierno y las FARC-EP. Tanto así que la decisión de la Corte concluye que si gana el Sí, Santos tiene la obligación de implementar los acuerdos. Si gana el No, no podrá hacerlo, aunque recuerda que el presidente mantiene las facultades que le otorga la Constitución como responsable directo del manejo del orden público, a través de las cuales podría hacer alguna renegociación del acuerdo sin la obligación de someterlo a refrendación. Pero acto seguido Santos dijo que si ganaba el No se acababa el proceso de paz y Colombia volvería a la guerra.

Paralelamente, en marzo, cuando el gobierno y el ELN anunciaron el acuerdo sobre la agenda para empezar negociaciones formales, señalaron que el principio rector de la negociación sería la participación. Esta era entendida por las partes como “un ejercicio dinámico y activo, incluyente y pluralista, que permita construir una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones”. Sin embargo, el inicio de negociaciones se encuentra estancado desde entonces, en buena medida debido a las distintas interpretaciones de la participación. Una tendencia generalizada de los gobiernos en los procesos de negociación de conflictos armados, a la que no escapa el gobierno de Santos, es la de temer a una amplia y real participación ciudadana y, por tanto, optan por un control calculado de la inclusión de algunos sectores sociales durante el proceso. Se ha argumentado que la negociación la deben hacer los que participan directamente en la confrontación, que allí predominan asuntos técnicos que escapan a las posibilidades de la sociedad, que abrir el proceso a una amplia participación sería innecesario y podría enredar el objetivo de poner fi n a la guerra, que se abren indeterminadamente la agenda y los tiempos, que no es posible ni técnica ni metodológicamente orientar y conducir un proceso así.

Contradictoriamente, reconocen la necesidad de que la negociación y los acuerdos cuenten con el apoyo y el compromiso de amplios sectores de la sociedad, que haya masiva participación ciudadana para la aprobación y refrendación de lo acordado, que a la paz hay “que meterle pueblo”, y que las negociaciones entre los actores del conflicto son a la vez oportunidades para discutir los problemas estructurales, cambios requeridos y construir la paz estable que garantice el no retorno a los ciclos de violencia. Incluso quienes propenden por el no al plebiscito acuden al argumento de que se debe renegociar el acuerdo para tener en cuenta la opinión de la sociedad. FARC y gobierno señalan que la negociación se hace en La Habana y que la paz se hará en los territorios con las comunidades. Pero durante la reciente minga convocada por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, el gobierno respondió con la represión policial y militar, desconoció a la Cumbre como interlocutor válido e implementó un modelo de negociación que fracturara a las organizaciones participantes en la minga, además de estigmatizarlas diciendo que estaban infiltradas por la guerrilla del ELN. La participación en la construcción de la paz no se reduce a un mecánico ejercicio de votación o a una opinión consultiva o a preparar territorios para ejecutar los acuerdos y convertir a las comunidades en ejecutoras de proyectos y programas del posconflicto. Se trata de promover procesos deliberativos y decisorios y con implementación simultánea, esto es, participar concertando, decidiendo y ejecutando.

Este enfoque no niega la necesidad y validez de espacios y escenarios como la mesa de negociación entre el gobierno y el ELN; tampoco excluye la necesidad y posibilidad de tiempos y lugares para diálogos privados, bilaterales, con múltiples actores, etc. La negociación para la terminación del conflicto armado entre el gobierno y el ELN es un importante componente de la paz, pero no es el único, y es perfectamente posible incorporarla en los enfoques y metodologías.

Se trata de que el máximo posible de ciudadanos, comunidades, organizaciones, sectores, instituciones del Estado y gobierno, así como los insurgentes, sientan como suyos los procesos de cambio y transformaciones que se necesitan. Porque hicieron parte de su discusión y construcción colectiva, porque responden a sus proyectos de vida y porque deciden comprometerse con su desarrollo e implementación.

En tal sentido, la preocupación no debe ser cómo ampliar la participación de la sociedad civil en torno a la negociación con el ELN, sino cómo reconocer a los actores sociales territoriales como sujetos de derechos, del derecho a construir la paz, generando procesos participativos, sistémicos y transformadores, de los que, por supuesto, tanto el ELN como la Institucionalidad harán parte en igualdad de condiciones. Es necesario involucrar la negociación entre el gobierno y el ELN en un proceso de construcción de paz transformadora, de abajo hacia arriba, con base territorial. Este proceso es entendido como un sistema abierto, participativo, a través de ejercicios de diálogo democrático, incluyente, deliberativo, en el que los actores participantes identifican realidades (conflictos), construyen pactos locales/regionales y se dan el mandato para transformar esas realidades y garantizar la sostenibilidad de la paz.

El enfoque anterior explica por qué hoy están estancadas las conversaciones con el ELN. Se trata de la negación a la participación cuando esta no se ajusta a las predeterminaciones de los que tienen el poder. Pues aun los impases adjudicados a problemas como los del secuestro demuestran que las partes (gobierno y ELN) no han tomado en cuenta propuestas y pronunciamientos de distintos sectores de la sociedad civil: la Mesa Nacional por la Paz o la Cumbre Agraria son estigmatizadas; de la misma manera que, frente a los acuerdos entre el gobierno y las FARC en la Habana, las comunidades afro e indígenas no han sido consultadas para establecer en sus territorios zonas de concentración o desarrollar diversos proyectos. Ojalá que el interés del gobierno por una amplia participación ciudadana en el plebiscito sea el mismo en la fase de implementación de los acuerdos con las FARC-EP y en la negociación que esperamos se concrete con el ELN.

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