Buenaventura de Pie

Buenaventura -elcampesino
Foto: pueblosencamino.org

Por Rubén Darío Zapata

Se trata del puerto más importante del país, por donde se mueve más de la mitad de las exportaciones e importaciones. Su actividad económica genera en meros impuestos de aduana más de 5 billones de pesos al año, pero la comunidad que habita ese territorio hasta ahora ha tenido que conformarse con ver pasar la riqueza sin que eso se traduzca en mejores condiciones de vida para ella. Su población no tiene un hospital público que atienda la demanda de un territorio concebido como ciudad región en el pacífico; además, el acceso a la educación es precario y las viviendas de la gente reflejan por sí solas toda la miseria de la comunidad, sin acceso a agua potable y sin un sistema eficiente de alcantarillado.

No es la primera vez que la comunidad de Buenaventura se toma las calles para exigir soluciones de fondo a sus problemáticas sociales. Este es el tercer paro cívico realizado en los dos últimos años. Previo a este ya se habían hecho en Buenaventura marchas, plantones, exhortaciones, en las cuales ha jugado un papel fundamental monseñor Héctor Epalza Quintero, obispo de la diócesis de Buenaventura, llamando a los gobernantes locales, departamentales y nacionales a que le den la atención que se merece esta población. La última marcha fue realizada a mediados de febrero para protestar contra el incumplimiento de las promesas que el Estado les había hecho en negociaciones anteriores y porque algunas de las obras acordadas para resolver la crisis, tales como el hospital, y el Sena, estaban paralizadas o incluso sin empezar.

Las dos ciudades

Las cifras de la crisis en Buenaventura son incompatibles con la imagen de progreso en el puerto. Según James Larrea, histórico activista y defensor de derechos humanos, al parecer hay dos Buenaventuras: la del complejo portuario, que acapara toda la atención del gobierno y los empresarios, y la de su población, que parece no importarle a nadie.

En Buenaventura, según información del DANE, la pobreza cobija al 64% de la población
urbana y al 91% de la rural. La tasa de desempleo alcanza el 62% de la población económicamente activa y el 90.3% labora en condiciones de informalidad, es decir, vive del rebusque. La generación de empleo se concentra prácticamente en las actividades portuarias, sin que haya hasta ahora, según reclaman los habitantes de la ciudad, estrategias gubernamentales para estimular las actividades de agricultura, pesca y mucho menos de industrialización.

La falta de vivienda digna es uno de los dramas más graves de este litoral. En bajamar, por ejemplo, la gente vive en cambuches o palafitos, viviendas de madera levantadas sobre el agua. “Año tras año el Estado les promete soluciones de vivienda -comenta Larrea-, como la que justificó ese desalojo inconsulto sobre los palafitos de la bahía, para llevarse las familias a un proyecto urbanístico que se llama San Antonio y hoy está prácticamente abandonado”.

El desalojo de las zonas de baja mar se ha dado, según Larrea, con el argumento de que se trata de terrenos de alto riesgo, en los que no se puede hacer inversión social en vivienda. Sin embargo, lo que realmente explica el movimiento, según varias organizaciones sociales, son los proyectos de muelles privados que se quieren realizar allí.

Según explica Javier Ortiz, en una de sus recientes columnas de opinión para el Espectador, detrás de la idea de alcanzar una infraestructura acorde con las necesidades del comercio internacional, la estatal Puertos de Colombia se convirtió en un jugoso negocio controlado por unos pocos. “El 21 de diciembre de 1993 se conformó la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura que en menos de tres meses recibió la concesión para administrar el Terminal Marítimo”. Hoy con la controvertida Sociedad Portuaria compiten en Buenaventura la española Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBUEN), que proyecta un complejo portuario de 150 hectáreas.

Igualmente el International Container Terminal Service Inc, (ICTSI), líder mundial del sector marítimo, que puso sus ojos en el nuevo terminal de Aguadulce, con una concesión de 30 años. Allí se está realizando una plataforma portuaria de 700 metros de línea de muelle que espera un tráfico de siete millones de toneladas por año, en unas 225 hectáreas de la península de la quebrada de Aguadulce, afectando los territorios del Bajo Calima.

También está el muelle cementero del grupo Argos, que, además de cemento, maneja almacenes de carbón a cielo abierto, haciendo caso omiso a la prohibición legal de esta actividad. A todos ellos se suma la Sociedad Portuaria Delta del Río Dagua, que construye una terminal multipropósito casi en las afueras de Buenaventura, para permitir el arribo de embarcaciones de gran calado, las conocidas como Panamax y Postpanamax.

Lo anterior lo denuncian los investigadores Javier Sulé, María Jesús Pinto y Tomàs Gisbert, en un informe sobre la actuación de la empresa catalana Grup TCB en Buenaventura para la Mesa Catalana por Colombia en Cataluña. Y puede consultarse en https: // javiersule.wordpress.com/2015/10/18/buenaventura-el-puertoque-nego-a-su-ciudad-ii/.

A todo esto se suma el hecho de que Buenaventura realmente son dos puertos: uno legal y otro ilegal. Por este último “se mueve -dice Javier Ortiz- buena parte de la droga que sale del país mientras que las mafias siembran el terror”. Por lo demás, las actividades legales que se desarrollan en el puerto no siempre están diferenciadas de las ilegales. De hecho, sobre el magnate portuario, Óscar Isaza, quien trajo el capital de TCBUEN, “se ha cernido siempre un manto de sospecha por sus posibles relaciones con el paramilitarismo y por haber podido generar su fortuna gracias al narcotráfico que sale por el puerto”, según cuentan los investigadores que hicieron el estudio para el Parlamento catalán.

La corrupción que mata

Los habitantes de estas calurosas tierras llevan más de medio siglo sufriendo la falta de agua potable, a pesar de tener nueve cuencas hidrográficas y una gran pluviosidad. Según el Departamento Nacional de Planeación, tan solo el 76 % de los habitantes de Buenaventura tienen acceso a la red de acueducto, y de ellos solo el 71% cuenta con agua entre cuatro y ocho horas, dos días a la semana. La cobertura y conexión del sistema de
alcantarillado es deficiente, y las aguas residuales se vierten al sistema de caños y quebradas que atraviesan la ciudad, contaminando la bahía.

Acuavalle fue la empresa que se ocupó de llevar el agua hasta los hogares de la ciudad a partir de los años 80. Pero a finales de los 90 el gobierno forzó el cambio de operador hacia Hidropacífico, una empresa privada con menos de un mes de inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín.

El acuerdo consistía, según un informe de Julián Vivas para el periódico El Tiempo, “en que la nueva empresa operaría el sistema, la Saab (Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura) contrataría las obras para el buen funcionamiento del acueducto y el municipio haría la gestión de recursos para su optimización”. De hecho, empezaba con un fondo de 17 millones de dólares gestionado por el gobierno a través de un crédito.

Entre 2002 y 2012, según informa la Secretaría de Trasparencia del Gobierno, en Buenaventura se invirtieron 104.610 millones de pesos en proyectos de acueducto y alcantarillado que buscaban ampliar la cobertura al 97 % en el servicio de agua potable en el municipio. Sin embargo, los contratos aún no están ejecutados en su totalidad.

El caso más dramático de corrupción se encuentra en el manejo de la salud pública. El Hospital Departamental de Buenaventura, único hospital público de nivel 2 (lo cual ya es insuficiente para una ciudad de 400 mil habitantes), fue cerrado a finales de 2013 por inviabilidad financiera provocada, supuestamente, por malos manejos administrativos. En un informe de septiembre de ese año, el periódico El País de Cali decía que en dicho establecimiento no había droga para tratar una úlcera, un espasmo o para detener el vómito. El personal médico trabajaba a media luz en la sala de urgencias por falta de luminarias; el 40% de la planta física estaba fuera de servicio por su deterioro y los trabajadores llevaban más de 6 meses sin recibir sueldo.

La decisión fue cerrarlo para recuperarlo como un hospital distrital, a cargo del municipio. El Ministerio de Salud comprometió recursos del orden de 28 mil millones de pesos para el pago de pasivos, reconversión tecnológica ($5.900 millones) y recuperación de la planta física ($12.000 millones). Todavía en julio del año pasado se aprobaron regalías por $7.094 millones para la remodelación de la institución de salud y se acordó en su momento con el Ministerio de Salud, el apoyo para la reapertura con otras inversiones.

Entre tanto, el hospital estaría a cargo, para prestar los servicios de urgencias, del hospital local Luis Ablanque de la Plata, hospital de nivel 1. Lo paradójico es que quien recibía el moribundo hospital departamental estaba ahogado también por la corrupción y los escándalos, que lo habían llevado a una crisis financiera semejante a la del hospital departamental. Según un informe reciente de la revista Semana, este hospital, que maneja un presupuesto cercano a los 40 mil millones de pesos, “después de la alcaldía es el mayor fortín burocrático del municipio y los corruptos han raspado tanto la olla que hoy esa casa de salud arrastra un déficit acumulado de 13.000 millones de pesos”.

El caso es que tres años y medio después de haberse cerrado el hospital este centro hospitalario no ha sido reabierto, a pesar de las multimillonarias inversiones, y apenas funciona como puesto de salud.

Ya no sirven pañitos de agua tibia

El comité negociador del paro presentó ante el gobierno un pliego de peticiones con ocho
puntos en los cuales, a su juicio, se concentra toda la problemática social de la ciudad: Salud, Educación, Vivienda, Medio Ambiente, Empleo, Recreación, Seguridad Social y Servicios Públicos Básicos.

La discusión se concentró en dos aspectos. El primero era la declaratoria de Emergencia Social, Ecológica y Económica en Buenaventura, para que el presidente pudiera dictar Decretos con fuerza de Ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos, y contratar el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro, sin acudir a los procedimientos de selección públicos.

El otro punto tenía que ver con la creación de un fondo de patrimonio autónomo, administrado por las organizaciones que dinamizaban la protesta, para que el dinero gestionado no quedara en ningún ministerio y su desembolso no dependiera de la buena voluntad de éste. Sobre todo se buscaba una política estructural que definiera la participación equitativa de la comunidad en las ganancias arrojadas por el puerto.

La negativa gubernamental a esas dos propuestas mantuvo el paro en Buenaventura por más de 20 días. Los pobladores bloquearon el acceso a los puertos y el gobierno envió al Esmad, a la Policía y al Ejército para desbloquearlo y permitir la entrada y salida de las tractomulas con mercancía, sobre todo en las horas de la madrugada, cuando buena parte de la población dormía. Nada de esto logró menguar la decisión de la comunidad; al contrario, la enardeció. “La participación creció -explica Larrea- en la medida en que los indiferentes veían a sus familiares heridos, a los niños y bebés asfixiados por los gases lanzados por el Esmad a los propios interiores de las casas”.

Presionado por la resistencia de la gente, el gobierno reconoció buena parte de las demandas del comité de paro.

Una luz al final del túnel

Aunque el gobierno rechazó la declaratoria de Emergencia Social, Ecológica y Económica, el comité de paro se declaró satisfecho, porque se logró la creación de un fondo de patrimonio autónomo de inversión exclusivo para las necesidades prioritarias de la ciudad. Para darle vida a este fondo, el gobierno nacional destinará 1.5 billones de pesos que deberán ser ejecutados en lo que resta del período presidencial.

Se acordó, además, presentar ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio un proyecto de ley con carácter urgente, para crear un plan de desarrollo especial proyectado a diez años en el que se atiendan las necesidades prioritarias de la comunidad. Dicho proyecto de ley llevará incorporado un régimen excepcional que permita que el 50% del valor del impuesto a la renta con que se gravan las empresas portuarias se destinen a este fondo autónomo.

Las obras proyectadas con carácter prioritario son: “Construcción del acueducto y alcantarillado por $350 mil millones; una Ciudadela Hospitalaria por $183 mil millones; el acueducto rural con una inversión de $25 mil millones; la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital local que será reabierto en septiembre por $12.500 millones; el Parque Industrial Pesquero-Acuícola (fase 1) y el muelle de cabotaje”. Para mejorar la infraestructura educativa se invertirán $170 mil millones y el Ministerio de Vivienda se obliga a hacer 7 mil nuevas viviendas.

buenaventura - pueblos en camino
Foto: http://www.elcampesino.co

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