Etnocidio contra los pueblos indígenas de la Sierra Nevada

incendio centro ceremonial - pueblo Kankuamo
Foto: Cortesia Pueblo Kuankuamo

Por Carlos Gustavo Rengifo Arias

2017 ha sido un año de tristezas y alegrías para las comunidades indígenas de Colombia. En el mes de abril el conocimiento ancestral de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo fue parte de la lista representativa del Patrimonio Cultural de la Nación, reconocimiento brindado por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y el Ministerio de Cultura, una deuda histórica con la herencia cultural de estos pueblos. Por otra parte, el pasado 17 de agosto fueron quemados dos centros ceremoniales de estas comunidades, ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se compartían conocimientos espirituales y culturales.

 Atentado contra los centros ceremoniales

El atentado contra la cultura de estos pueblos indígenas se llevó a cabo el jueves 17 de agosto en dos lugares distintos. Uno de los centros ceremoniales, perteneciente al pueblo Kankuamo, ubicado en el corregimiento de Guatapurí, en el norte de Valledupar, amaneció en llamas en horas de la mañana. De manera misteriosa, el mismo día, y en horas de la noche, fue incinerado otro centro ceremonial, esta vez del pueblo Wiwa, ubicado en la Comunidad Wiwa de “Sheyamake”, finca Arimaka en la troncal del caribe, vía Riohacha. Ambos centros ceremoniales eran patrimonio cultural de los pueblos Kankuamos, Wiwa, Arhuacos y Koguis.

Pedro Loperena, Coordinador de Derechos Humanos del Pueblo Wiwa, señala que, “no es la primera vez que ocurren este tipo de atentados contra nuestros centros sagrados. Antes esto había ocurrido en los resguardos indígenas de la Mina y Chemesquemana”, ambos ubicados en Valledupar. Particularmente, la comunidad Wiwa está conformada por población desplazada y víctimas del conflicto armado que se desarrolla en las zonas de Make, Coral y El Limón.

Asedio minero y persecución sistemática

Los atentados no se han manifestado solo en la quema de los centros ceremoniales sino también en el saqueo de los utensilios arqueológicos de estos pueblos. Por eso Loperena no duda en afirmar que estos hechos “son una estrategia de etnocidio contra los pueblos indígenas de la Sierra Nevada”. Como él lo señala, es un etnocidio “porque se viene atentando contra nuestra identidad y cultura, contra la madre tierra y también contra nuestra organización socio-política y nuestra dirigencia indígena, ya que han secuestrado, desaparecido y atentado contra la vida de varios líderes indígenas”. Loperena mismo fue objeto de un atentado contra su vida el 11 de mayo de 2013, caso que sigue en la impunidad.

“La Sierra Nevada –señala Loperena– es un escenario en donde se han dado enfrentamientos entre distintos actores legales e ilegales, es un lugar de guerra: allí han ocurrido ametrallamientos, quemas de casas, masacres y bombardeos”, ataques que, según él, están asociados a la actividad minera en el territorio. Como lo vienen denunciando las autoridades tradicionales y miembros de las distintas comunidades indígenas en diferentes medios nacionales, en el territorio existen 160 minas que estarían afectando 332 fuentes hídricas, incluida la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Una de ellas, la mina La Peña de Horeb, operada por la empresa minera Explominerales de la Costa S.A., ubicada en el kilómetro 4, vía Valledupar –corregimiento La Meza, fue ocupada en el mes de julio,  por las cuatro etnias, para protestar contra las actividades de extracción de material de arrastre sin tener licencia para ello, como lo pudo comprobar Corpocesar (Corporación Autónoma Regional del Cesar), máxima autoridad ambiental del departamento. Así mismo, tal cual (el como está muy repetido) lo ha dado a conocer el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC), en el territorio existen hoy 348 títulos y solicitudes de títulos mineros, hay 285 títulos mineros vigentes, 132 proyectos mineros en marcha y siete bloques mineros activos. Adicionalmente, hay cerca de 1.320 solicitudes de títulos y otros 18 títulos de explotación en convenio con la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Cuando no es a través de la amenaza, los distintos actores han intentado sobornar a los líderes indígenas con dinero para permitir la extracción de oro, pero estos se han negado rotundamente. “A nosotros nos vienen persiguiendo sistemáticamente, amedrentándonos y cometiendo actos de terrorismo contra nuestra cultura y nuestros pueblos, ya que nos venimos oponiendo a la minería en la Sierra Nevada, y porque venimos protegiendo el agua y la tierra en los 16 municipios del departamento, no solo para los pueblos indígenas, sino también para el resto de ciudadanos”.

Loperena señala que de nada ha servido el plan de salvaguarda para proteger a los pueblos indígenas de la Sierra. “La Corte Constitucional emitió la Sentencia auto 004 del 29 de enero de 2009, en la que declaró que en Colombia hay 36 pueblos indígenas, entre ellos el Pueblo Wiwa, el cual se encuentra en situación de exterminio físico y cultural”. Así mismo, señala Loperena, “en 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió medidas cautelares para el Pueblo Wiwa, de tal manera que se les protegiera de las amenazas y los asesinatos, se pusiera fin a la confrontación armada en el territorio, se atendiera humanitariamente a la población desplazada y se pusiera a disposición de estos pueblos un defensor comunitario. Pero el gobierno no ha cumplido con ninguna de estas obligaciones”.

La cultura de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada o “Sistema de Conocimiento Ancestral de los Pueblos Indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo de la Sierra Nevada” recoge una compleja y rica variedad de aspectos culturales, como lo son el lenguaje, la tradición oral, los códigos y la organización social establecidos en los territorios, los conocimientos sobre la naturaleza y el universo, los saberes asociados a la salud y la educación, los espacios sagrados y culturales, la  arquitectura, y hasta los estilos de alimentación, aspectos que se ven amenazados hoy por la voracidad de la actividad minera y los grupos armados ilegales, así como por la desidia del gobierno hacia nuestros ancestros y hermanos indígenas.

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