Hacer de cada uno un policía

Por Anyela Heredia

“La ley, por dura que sea, es la ley”. Esta frase la pronunciaba recientemente el Ministro de Defensa Botero, a propósito de la polémica desatada por los comparendos impuestos por la Policía a unos jóvenes en Bogotá por comprar empanadas en la calle. Este concepto ni es nuevo ni es del ministro, es un principio general del derecho romano que resalta la prevalencia de la aplicación de la ley por encima de cualquier argumento. Es decir que no importa si una ley es equitativa, si es pertinente o si los ciudadanos han sido informados suficiente y oportunamente al respecto; lo que importa es la ley, que es de obligatorio cumplimiento y para eso está la Policía.

Solo que en el mundo de hoy las leyes no se crean por consenso como en los foros romanos ni se producen en función de las personas y de los intereses de la Polis en general, sino en función de los intereses de unos pocos y a puerta cerrada. Así, se crean leyes para legitimar el despojo, la exclusión o la impunidad, dejando de lado el carácter humano que las justifica.

En Colombia, al mismo tiempo que se aplica con todo rigor el código de policía, se crea una ley para que cualquier ciudadano pueda portar armas sin salvo conducto; y una multa por porte ilegal de armas hoy puede ser de 196.700, mientras que comprar empanadas en la calle te cuesta más de 800.000 pesos o ejercer actividades como guía de turismo sin tarjeta profesional te puede costar entre 5 y 50 salarios mínimos mensuales. Esto quiere decir, que la ley no está pensada para garantizar la justicia, la igualdad, la libertad, etc., sino todo lo contrario. Y si la gente protesta, siempre es posible apelar al recurso de irrespeto a la autoridad, porque todo en este país se puede irrespetar menos la autoridad, que en términos llanos significa los intereses de los poderosos.

Los medios masivos de comunicación se encargan de legitimar estas prácticas equiparando, por ejemplo, la venta de empanadas con la venta de estupefacientes en espacios públicos. Así difunden la idea de que es necesario regular las ventas ambulantes porque detrás de la venta de empanadas o de fruta está el negocio del microtráfico de alucinógenos. Una simple disculpa, desde luego, pues tanto la policía como la gente del común tienen bien ubicados los puntos, lugares y estrategias de distribución de sustancias ilegales.

El papel de la desinformación y la sobreinformación que difunden los medios de comunicación es precisamente ocultar, bajo un cúmulo de información superficial e interesada, los verdaderos problemas que se agitan bajo las manifestaciones de fenómenos como la aplicación de un comparendo por comprar una empanada en la calle. Más allá de eso, el problema hay que ubicarlo en un código de policía que ha dotado a esta institución de poderes especiales bajo la idea peregrina de garantizar la “convivencia ciudadana y el orden público”. La pregunta es con qué intención.

La respuesta no es muy difícil de hallar. En una sociedad donde impera el neoliberalismo a ultranza, se agudizan sistemáticamente las desigualdades, la miseria, la injusticia; la única manera de mantener el poder es mediante la represión. El último recurso es defender la aplicación de la ley por encima de cualquier argumento, porque tal y como ha sido concebida esta ley no soporta la confrontación con ningún argumento. La aplicación de la ley coincide con la represión de los argumentos, de los reclamos de justicia, de las movilizaciones por causas sociales.

Pero ya no se trata solo de reprimir las movilizaciones en el momento en que aparezcan, sino de reprimir sistemáticamente al individuo y sofocar hasta tal punto el contexto social, que la movilización misma se hace impensable. Eso lo inauguró Uribe Vélez con su política de seguridad democrática y la famosa estrategia de los informantes, lo que recuerda una de las prácticas privilegiadas del fascismo alemán de los años 30, bien sintetizado en las escenas de El Gran Hermano, donde los niños son los informantes y venden a sus padres acusados del delito de pensar.

Y es que, en principio, cuando la ley se aplica a rajatabla, de manera arbitraria y según la interpretación personal que cada policía hace de ella, pasamos de un estado en el que la ley garantiza nuestra seguridad y tranquilidad a un estado en el que somos víctimas de la ley. Y las víctimas de la ley, aplicada injusta e indiscriminadamente, pasamos casi sin darnos cuenta a ser instrumentos de la ley y mediadores entre los representantes de la autoridad y los demás ciudadanos. Bajo la premisa de “la ley es para todos”, asumimos paulatinamente la función de control y vigilancia que se le atribuye a las fuerzas policiales, pues “si a mí me aplican todo el rigor de la ley, ¿por qué a los demás no?”. Poco a poco vamos familiarizándonos con la ley, estudiando e interiorizando sus contenidos, observamos minuciosamente nuestro entorno en busca de quién la cumple y quién no y estamos dispuestos a señalar y a denunciar a todo aquel que la incumpla.

La consigna de que la ley, por dura que sea, es la ley y hay que aplicarla, interiorizada por ese policía que cada uno llevamos dentro, lleva a que todos queramos hacer cumplir mecánicamente ésta, independiente de su contenido. Poco a poco pasamos de la indignación a la aceptación total de la arbitrariedad y ya nunca cuestionaremos ni la autoridad ni la norma. La sabia pútrida de un régimen de control social aparentemente incuestionable se esparce así por las venas de toda una sociedad. En ese policía que habita en mí radica un germen muy importante del fascismo. Esta amenaza se torna más contundente si pensamos en los niños que están creciendo en medio de este contexto. Todavía hoy, nosotros, los y las adultas, nos podemos rebelar no solo contra el contenido de la ley, sino contra su aplicación arbitraria. Pero en un contexto de injustica sistemática, de miseria material y moral, habrá que imaginar las generaciones de niños que vienen detrás y que asumen que la ley simplemente es la ley, que no solo hay que cumplirla, sino que hay que hacerla cumplir independiente no solo del contenido sino del sujeto al que se le aplique. Es la naturalización total no solo de la miseria, la desigualdad y la injusticia, sino de la represión social ejercida por el propio individuo sobre sí y sobre los demás.

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