De Gonzalo Bravo a Dilan Cruz: Casos de Juvenicidio en Colombia

Foto: Gonzalo Bravo Pérez,
asesinado el un 8 de junio de 1929

Por José Abelardo Diaz Jaramillo

En la noche del 7 de junio de 1929, en una fría calle del centro de Bogotá, muy cerca del palacio de gobierno (San Carlos), una bala de fusil disparada por un miembro de la guardia presidencial penetró por la espalda del joven Gonzalo Bravo Pérez, lo que ocasionó su muerte en una clínica cercana. Gonzalo, quien cursaba segundo semestre de Derecho en la Universidad Nacional donde recibía clase del propio presidente de la república, Miguel Abadía Méndez, se dirigía a su lugar de residencia, ubicada a pocas cuadras de donde cayó abatido.

Con el asesinato de Gonzalo Bravo se inició en Colombia una prolongada política de eliminación de estudiantes de universidades y colegios, ejecutada por miembros de las fuerzas gubernamentales y fuerzas paramilitares, operada bajo concepciones de defensa del orden, la seguridad nacional y la contención de la subversión.

La muerte de Gonzalo Bravo se produjo en un contexto de agitación social que involucró a múltiples ciudadanos de diversas condiciones políticas y sociales, molestos con una camada de funcionarios que, con la venia del gobernador de Cundinamarca y del primer mandatario de la nación, promovían prácticas como el nepotismo, la corrupción y el clientelismo.

Desatendiendo los reclamos de la gente, que exigía la restitución de Luis Cuervo como alcalde de Bogotá y la destitución de Carlos Cortés Vargas de la dirección de la policía (el mismo personaje que meses atrás había ordenado a sus tropas disparar contra los trabajadores bananeros en la plaza de Ciénaga), el primer mandatario ordenó la presencia de la caballería en las calles para diezmar a los inconformes, lo que ocasionó atropellos y heridos.

La bala que le quitó la vida a Gonzalo Bravo salió de un fusil portado por un miembro de la fuerza militar, de quien nunca se supo siquiera su nombre. No disparó contra un grupo de personas amotinadas en ese momento, sino contra un joven que había estado al margen de las protestas y caminaba de manera acelerada rumbo a su domicilio. No hubo investigación sobre el caso y ninguna autoridad asumió la responsabilidad por lo ocurrido. La muerte de Bravo Pérez quedó en la total impunidad.

Noventa años después, en la calle 19 con carrera 4ª, algunas cuadras cerca de donde fue herido de muerte Gonzalo Bravo, otro joven, Dilan Cruz Medina, fue alcanzado por una bala conocida como ‘bean bag’ (una bolsa que contiene múltiples perdigones), disparada por Manuel Cubillos Rodríguez, capitán del Escuadrón Móvil Antimotines -ESMAD.

La herida le ocasionó un daño cerebral y poco después la muerte a Dilan, de 18 años de edad, quien recién había recibido su título de bachiller y tenía en mente estudiar psicología. Un deseo que le fue arrebatado en un abrir y cerrar de ojos (que es el tiempo que empleó quien disparó la escopeta), aquella tarde del 23 de noviembre de 2019, cuando tomaba parte en una movilización pacífica contra las políticas del presidente Iván Duque.

Grafiti (Bogotá Art): Dilan Cruz, asesinado por el ESMAD en el 2019

Ocurrida la muerte de Dilan, los representantes del poder (funcionarios, políticos, abogados) salieron en defensa del agente, utilizando argumentos descabellados y sin tener en cuenta la frialdad con que el agente disparó sobre el joven, como quedó registrado en las distintas imágenes grabadas por cámaras de televisión y celulares. Como efecto del “estado de opinión” creado, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (SJDCSJ), en un fallo del 12 de diciembre del año pasado, determinó que el proceso del agente Cubillos no debía ser catalogado como homicidio, sino como un “acto propio del servicio”, y que debía ser llevado por la justicia penal militar.

Esta valoración fue cuestionada por Human Rights Watch, que luego de analizar las pruebas afirmó que hubo “un uso irresponsable, negligente por parte del agente”, al disparar un arma de dispersión a menos de 20 metros de distancia del joven. Y por Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de la ONU, quien indicó que lo de Dilan “pudo haber sido una ejecución”.

En un esfuerzo porque el crimen no quede en la impunidad, su familia interpuso una tutela contra la SJDCSJ, a la que acusó de haber vulnerado el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Se busca así que la investigación no quede en manos de la justicia penal militar, que, de seguro, eximiría de culpa al agente. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia falló la tutela a favor de la familia de Dilan y le ordenó al SJDCSJ revisar quién debe juzgar al capitán implicado.

Los casos de Gonzalo y Dilan tienen un significado especial: ser el primero y el último, respectivamente, de una larga historia de ejecuciones contra un sector especifico de la población (jóvenes, muchos de ellos estudiantes. Hoy, según investigaciones recientes, van cerca de 800 jóvenes asesinados o desaparecidos). Separados por nueve décadas uno del otro, cada caso tuvo cruces diferentes con la memoria. En el caso de Gonzalo Bravo, la comunidad estudiantil instituyó el 8 de junio como el Día del Estudiante. Así, ese día de cada año (hasta 1954), los estudiantes conmemoraron la muerte de Bravo Pérez con rituales como la peregrinación a su tumba, en el Cementerio Central. Posteriormente, a raíz de los hechos del 8 y 9 de junio de 1954, en que fueron asesinados varios estudiantes a manos del Ejército, también en el centro de Bogotá, la referencia se transformó y dio lugar a lo que, hasta el día de hoy, se conmemora como el Día del Estudiante Caído.

En el caso de Dilan Cruz, la destrucción de la placa que había sido erigida en homenaje suyo e instalada en el lugar donde cayó abatido, retrata un caso de memoricidio, el cual puede ser entendido como un complemento de la política de exterminio que busca de manera deliberada borrar cualquier testimonio (rostros, documentos, símbolos) de personas que han sido objeto de violencia estatal o paraestatal. El estado de amnesia colectiva es una consecuencia del memoricidio, con posibilidad de incidencia en actos de movilización y de prácticas del recuerdo. Eliminar la identidad del vencido (o, en el caso que nos ocupa, del asesinado), opera como un complemento que el poder dominante utiliza para reforzar sus actos de barbarie. Las palabras de la hermana de Dilan, a propósito de la destrucción de la placa son elocuentes: “Esta madrugada destruyeron el monumento que se había construido en homenaje a mi hermano. Quienes justifican el asesinato de Dilan parecen querer borrar por completo su historia”. En correspondencia con la denuncia, solicita a la Alcaldía garantizar que aquel símbolo se convierta en “un espacio de memoria”.

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