Entre el cuidado y el poder pastoral en Medellín

Por Santiago Alarcón Serna

Ilustración: Martín López, tomada de lab.cccb.org/

El alcalde Quintero asumió la crisis ocasionada por la pandemia del Covid 19 desde la tecnología, específicamente lo hizo a través del Big Data y la toma de decisiones y creación de cercos epidemiológicos con ayuda de la implementación de algoritmos e inteligencia artificial, todo esto a través de la plataforma “Medellín me cuida”. Esta plataforma, se nos dijo al principio, iba a ser usada en recopilación de datos necesarios para otorgar auxilios a la población vulnerable, pero cuando comenzó el proceso de “reactivación económica”, la plataforma cambió su carácter y de ser de diligenciamiento voluntario, se convirtió en obligatoria para aquellas personas que necesitaran salir a sus puestos de trabajo en las actividades exceptuadas por el gobierno nacional del aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, si no estaban en la plataforma las personas podrían ser sancionadas al desplazarse a sus trabajos, y sus tarjetas cívicas no funcionarían para transportarse en el sistema metro.

“Medellín me cuida” ha abierto la necesidad de iniciar una conversación y una reflexión amplia alrededor del uso del Big Data, la tecnología, los algoritmos, el software y demás en esta administración municipal, la cual ha estructurado su discurso de gobernabilidad alrededor de la tecnología. Desde un inicio la plataforma generó algunas inquietudes, específicamente frente a la protección de los datos que a esta se entregaban, dado que la política de tratamiento de datos resultaba ser en extremo general y se obviaban importantes aspectos que contempla nuestro ordenamiento jurídico sobre la protección de datos y su uso. Así que la plataforma, aun al momento de escribir esta nota, no da claridad sobre las finalidades de los datos, los servidores de almacenamiento, quiénes pueden acceder a estos de forma específica, y la posibilidad de que sin mi autorización mis datos estuvieran en en ella.

En este sentido falló un juez constitucional la acción de tutela presentada por una ciudadana en contra de la plataforma “Medellín me cuida” por considerar que vulneraba los derechos fundamentales a la intimidad, el habeas data y el trabajo. La sentencia ordenó a la administración municipal que “en ningún caso vuelva a incurrir en la conducta que permitió esta acción de tutela, de lo contrario, incurriría en las sanciones que por desacato establecen los artículos 51 y 52 del Decreto 2591 de 1991”.

A pesar de lo que la Administración ha entendido, la reflexión que proponemos como ciudadanos nunca se ha dirigido a buscar inhabilitar la plataforma y el método que el burgomaestre ha escogido para gestionar y mitigar los efectos de la emergencia sanitaria. Por el contrario, la discusión puede delimitarse en tres dimensiones: una jurídica, una ética y una política, y las tres escapan del dilema que el alcalde ha planteado para evadirlas: vida/salud vs. intimidad y protección de datos.

Esta discusión es tan global como la del cambio climático, por eso parece pertinente abordarla desde las tres dimensiones antes propuestas. La primera dimensión de debate es ética, esto es, cuál es la línea que separa un buen uso de un mal uso de los datos y los algoritmos. Los datos, vale decir, no se refieren solo a datos personales, y es que como hemos visto, la estrategia del alcalde se ha ido expandiendo hacia el uso de cámaras privadas unidas al sistema de video de la Secretaría de Seguridad, datos de las familias, datos de trabajo, de transporte, uso de bluetooth para ingresar a centros comerciales, etc. El acceso a la información privada cada vez será más y más amplio, y se tomarán más y más decisiones a partir de esta.

Un tratamiento ético debe estar presente en todo el ciclo de la vida de los datos: cómo se captan, la forma en la que se gestionan, cómo se garantiza su privacidad y los usos que se les den a estos datos; algunos de estos aspectos han sido, por ejemplo, abordados por el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD). Lo claro es que, para generar relaciones de confianza, tanto las entidades públicas como las organizaciones privadas deben pensar, más allá del cumplimiento normativo, en la necesidad de ahondar en aspectos tales como la comunicación, la honestidad y la transparencia.

La dimensión legal no es tan compleja de entender, aunque ha sido la que la Administración, aun estando obligada, se ha negado a cumplir. Se trata de garantizar los derechos fundamentales a la privacidad y al habeas data, creando una política de tratamiento de datos que cumpla con los parámetros de la Constitución Política de 1991 y la Ley Estatutaria 1581 de 2012, reglamentada por el decreto 1377 de 2013. Uno creería que esto no debería ser difícil para alguien que propone convertir a Medellín en un Silicon Valley; sin embargo, no ha logrado hacerlo o, mejor dicho, aún se niega a dar a conocer a los usuarios la finalidad del uso de sus datos, dónde serán almacenados, cuánto tiempo permanecerán con ellos, etc.

Finalmente está la dimensión política del debate. Esta se centra en cómo, a través del uso responsable del Big Data, los mandatarios salen de la paradoja de la situación descrita por Niklas Luhman, en la cual estos mandatarios revisten sus decisiones de cierta autoridad mitológica a través de la creación de un nuevo régimen de verdad que surge a partir de una nueva mezcla de “saber” y “poder”, menos disciplinario y más pastoral. Esta “autoridad mitológica” hoy se funda en la idea del cuidado para replicar un cierto tipo de “dominación por conducción”, propia del poder pastoral tratado por Foucault en 1978, donde un Omnes et singulatim, el pastor, debe tener los ojos puestos sobre todos y cada uno, debe salvarlos y cuidarlos de todo peligro, y así mismo crear un nuevo régimen de verdad, de saber del comportamiento.

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