Virus, desempleo y hambre: pandemia por partida triple en el Valle del Cauca

Por Luis Alfonso Mena S.

Foto: Agencia EFE

El confinamiento obligado al que sometió el gobierno de Iván Duque al pueblo colombiano como consecuencia de la pandemia del coronavirus ha tenido en Cali y en el Valle del Cauca consecuencias sociales, económicas y de salud pública de enorme gravedad.

Cali ha sido a lo largo de los últimos tres meses una de las capitales de departamento más afectadas por la covid-19, con Bogotá, Cartagena y Leticia, y todo indica que la epidemia terminará golpeando a otros municipios clave, como el puerto de Buenaventura, donde al finalizar mayo de 2020 los casos de contagio eran ya 285, para una población de 400.000 habitantes y con un servicio de salud absolutamente deficiente.

En general, para el mismo período, en el Valle los datos ya eran alarmantes: más de dos mil casos de coronavirus, que dejaban 90 muertes en Cali y 128 en todo el Valle del Cauca, de un total de 800 en Colombia, al miércoles 27 de mayo de 2020. A pesar de estas cifras, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, se declaraba partidaria de “abrir las puertas”, porque, agregaba, “ya no aguantamos más y nos preocupa el desempleo”.

Lo anterior, en medio de denuncias por el presunto manejo irregular de $15.000 millones de los recursos de la pandemia, como resultado de las cuales la Procuraduría General de la Nación les abrió investigaciones a ella y a la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes, por “presuntos sobrecostos en un contrato para la compra de 400.000 tapabocas, 50.000 caretas de protección, polainas desechables y batas antifluidos”. Otro contrato investigado hace referencia a kits de asistencia alimentaria para 5.088 adultos mayores a cargo de la Corporación para el Desarrollo Social del Valle, Corpovalle, con un valor de $2.330 millones.

“Desde la Gobernación y la Alcaldía se anuncian toda clase de medidas y controles cuya aplicación práctica deja mucho que desear, pues además de no disponer de la tecnología médica para detectar el virus, este se ha ido expandiendo rápidamente, en tanto se carece de los elementos indispensables para atender a los nuevos pacientes en los centros hospitalarios, como el número de camas y de ventiladores para respiración y un mayor número de UCI, insuficientes para atender un posible desbordamiento de la pandemia”, expresaron los veedores Luz Betty de Borrero y Pablo Borrero.

Además de Buenaventura, preocupa el incremento de casos en Candelaria, Yumbo y Jamundí, cercanos a Cali, en donde no solo el virus sino el desempleo golpea a las comunidades.

Hambre y bancos

A lo largo de tres meses de confinamiento, la población de Cali se ha visto golpeada por las consecuencias de la nueva situación, y ello se reflejó en miles de banderas rojas en señal de falta de alimentos en casas de familias humildes del Oriente y las laderas. Aunque en principio las comunidades fueron disciplinadas en mantenerse en casa, esa aceptación se fue rompiendo para transformarse en resistencia, ante el acoso del hambre, las deudas y la falta de cobertura de las “ayudas” anunciadas por los diferentes niveles de gobierno. Como ocurrió en Pízamos I, cuando la gente salió para gritarle al alcalde, Jorge Iván Ospina: “Tenemos hambre”, y decirle que muy pocos de los 200.000 mercados que se dijo se distribuyeron en sectores deprimidos les habían llegado.

El centro de Cali fue escenario de protestas de trabajadores informales, carretilleros, propietarios de restaurantes y otras formas de subsistencia afectados por la falta de ingresos, en medio de una tasa de informalidad del 45% de la masa laboral caleña. La rebeldía se expresó, igualmente, en protestas frente a entidades bancarias, usufructuarias de los multimillonarios recursos irrigados por el Gobierno al sector financiero, a los que pequeños comerciantes, peluqueros, tenderos, modistas y similares no pueden acceder por las exigencias de los mimados del régimen neoliberal. “Una cosa es lo que dice Duque por las noches en sus alocuciones, y otra lo que le pasa al ciudadano al día siguiente cuando va al banco a pedir un crédito”, nos dijo una exfuncionaria, con pleno conocimiento de causa. “Las medidas oportunistas que ha venido tomando el Gobierno a través de sus decretos solo favorecen al sistema financiero y a los grandes empresarios”, aseveró la contadora y dirigente de la Unión Patriótica en el Valle, María Teresa Mueses.

Precisamente, el jueves 28 de mayo se cumplió en la Plaza de Caicedo de Cali el “Plantón contra los bancos ladrones”, bajo la consideración de que “Ni uno de los decretos expedidos por motivo de la pandemia nos beneficia”. Esta jornada fue impulsada por el movimiento N-21 y otros procesos sociales, dentro de la Campaña Bancos Buitres, nueva forma de resistencia popular.

Crimen y desalojo

Dos hechos paralelos a la pandemia en Cali ocurrieron el sábado 16 de mayo. El primero fue el asesinato del defensor del medio ambiente Jorge Enrique Oramas, cuando se encontraba en su casa del corregimiento Villacarmelo. Un caso que refleja un fenómeno repetido en Colombia: el infame asesinato de líderes sociales y excombatientes, a pesar del confinamiento y ante la más absoluta impunidad. Los sacrificados sobrepasan el centenar este año.

El otro episodio fue el desalojo violento de 50 familias sin techo que ocuparon terrenos del Municipio de Cali, en la parte alta del populoso barrio Siloé, en el sur occidente. Fue un suceso infortunado ordenado por un alcalde considerado progresista (elegido por Alianza Verde), que venía dedicado a perseguir a quienes no se conservaran en casa, pero arremetía, usando la Policía, contra mujeres, niños y hombres que, en medio de la desesperación, habían levantado covachas para protegerse del virus e iniciar una lucha de resistencia en procura de una solución digna de vivienda.

Consultado sobre esta coyuntura, Alberto Jairo Palomino, comunicador social y dirigente alternativo, evaluó que al alcalde de Cali “le quedó grande la lucha contra la pandemia. Es más espectáculo y shows mediáticos. Las ayudas alimentarias las dejó en manos de la politiquería. Hace un papel de caza covid-19 más parecido a un sheriff represor”. Según Palomino, al presentar el Plan de Desarrollo en el Concejo el alcalde de Cali “no ha reformulado la inversión social y no está atemperando la norma con la pospandemia”.

La resistencia ha estado de la mano con la solidaridad popular. Así ocurrió en Vijes, municipio cercano a Yumbo, donde, como nos cuenta José David Romero, “por estos días de pandemia los campesinos bajan sus productos los domingos y han retomado el trueque para intercambiar con la población frijol, banano y plátano que cosechan en sus parcelas”.

¿Qué sigue ahora? La respuesta de Teresa Mueses lo resume: “Continuamos en el debate del momento, sin perder de vista que el propósito estratégico es la construcción de un bloque popular alternativo, consciente de la responsabilidad histórica que le compete en unir las mayorías para el cambio transformador”.

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