Tenencia de tierras en Colombia e inoperancia de los Acuerdos de Paz

Por Guillermo Yepes

Foto tomada de: farmlandgrab.org/

Con la llegada de los conquistadores españoles a Colombia ocurrieron cambios inesperados en las comunidades nativas, tales comola eliminación de los sistemas sociales, la pérdida de culturas y lenguas ancestrales, el despojo de sus bienes, la suplantación del poder político de los jerarcas indígenas por los preceptos de la Corona o de los invasores directos; la construcción de sistemas de comunicación terrestre y fluvial, la creación y fundación de “ciudades-estado” que incorporaron la religión al estado invasor;la aniquilación de distintas culturas ancestrales y la explotación de bienes naturales para la incorporación al mercado mundial, etc. Estas situaciones que representaron profundos cambios sociales e impidieron el desarrollo autóctono, generaron una enorme conflictividad histórica: la lucha por la tierra, que aún persiste en nuestros días.

La estrategia del despojo de tierras a través de la imposición de normas, la promulgación de cédulas reales, las disposiciones jurídicas de la república, diezmos eclesiales y leyes que han permitido el desplazamiento forzado, el terror y la muerte, ha sido una constante histórica que explica cómo la tenencia de tierras en Colombia se ha concentrado enormemente en muy pocos propietarios. De hecho, es el país de América Latina con mayor concentración, situación tan candente que desde la década de 1960 fue el factor detonante para la formación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La violencia fue la constante como acción para presionar soluciones en justicia.

La danza de los Acuerdos

Dos ejemplos indican la realidad en este momento: 1% de los propietarios de tierras productivas en Colombia tienen el 81% del total de ellas, mientras el otro 19% de propiedades pertenece al 99% de propietarios según el informe de OXFAM 2017, quien agrega que solo el 26% de las tierras están tituladas a las mujeres.

La firma de los Acuerdos de La Habana, suscrito en octubre de 2016, dio como resultado un elemento fundamental: la terminación del conflicto armado, herencia de más de sesenta años de inestabilidad social en el País. El Acuerdo de Paz fue un suceso forzado por la necesidad histórica de búsqueda de un compromiso real y efectivo, que diera a los rebeldes el carácter de actores políticos en un proceso de negociación que podría ser la oportunidad para mejorar la dinámica social de la población y la de la propia democracia colombiana, con referentes de negociación tan importantes como los ocurridos con otras organizaciones armadas (M19, EPL y ELN) desde 1984 en el gobierno de Belisario Betancur. Muchos sectores de la población, organizaciones comunitarias, algunos medios de comunicación y varios organismos y países del mundo, se pronunciaron a favor de los acuerdos. La prensa mundial destacó el logro de la paz especialmente como reconocimiento a un presidente que obtuvo un premio Nobel.

Los tropiezos y la ilegalidad

Del mismo modo que se produjeron los Acuerdos, aparecieron los primeros obstáculos y detractores internos. Varios partidos políticos los denunciaron mediante acusaciones engañosas para dilatar su implementación, “volverlos trizas” e infundir temor con falacias como “el Estado se le va a entregar a las guerrillas”. Dos elementos centrales de la propuesta reformista fueron duramente objetados por los sectores más radicales de la oposición: el punto 1, relacionado con la Reforma Rural Integral (RRI), que marca la contradicción irreconciliable de la clase dominante en el poder, puesto que implica la apropiación de la tierra y, con ello, la intocable propiedad privada. Este proceso consolidó, desde el siglo XIX, a la oligarquía latifundista que ostenta el poder económico, político y social.

El otro punto, el 4° de los Acuerdos de la Habana, tiene que ver con los cultivos de uso ilícito para la producción y consumo de drogas prohibidas en el mercado internacional. Este asunto ha generado estructuras de poder económico, político y militar, y han facilitado la construcción de un aparato ilegal en todo el País, con participación de sectores criminales del Estado (entre ellos el paramilitarismo), que obstaculiza la ejecución de acciones para la implementación efectiva de los acuerdos.

El modelo productivo de esos sectores de la población no obedece a políticas en el marco productivo social, sino que se relaciona con la acción ilegal del extractivismo y del mercado neoliberal, propio del modelo del país y del capitalismo multinacional. Se trata de una situación que, sumada al papel de desinformación de los grandes medios, modela el comportamiento de amplios sectores de la población a partir del terror a la insurgencia, lo que ha facilitado su manipulación y subyugación para la formación de organizaciones delictivas, ejércitos mercenarios y adhesión a sectas religiosas, como sucedió con la incidencia de cientos de ellas en el fracaso del Referendo por la Paz.

Incumplimientos del Estado

La RRI propuesta “omitió” la idea de aplicar procesos coercitivos que, por lo menos, pudieran redistribuir entre los millones de campesinos despojados los 3 millones de hectáreas que están en litigio. Hablamos de tierras que podrían incorporarse a procesos productivos de economía campesina, familiar y comunitaria, actual fuente de producción de más del 70% de los alimentos que consumimos los colombianos, con el agravante de que no hay garantías jurídicas ni de fuerza de ley para recuperarlas vía Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y cuando los ejércitos irregulares que las poseen, en santa alianza con las fuerzas militares, gozan de su protección. Tampoco el Acuerdo de Sustitución de Cultivos se llevó a cabo de una manera democrática: ahora es la aspersión con glifosato y la invasión armada del ejército y la policía lo que prima.

El haber firmado los Acuerdos con la insurgencia obliga al Estado a cumplir estrictamente lo pactado y a brindar seguridad a los reincorporados y líderes sociales, más que aportar indiferencia y complicidad con el exterminio físico de éstos, cuyos asesinatos, desde 2016, superan con creces la cifra de mil. Pero el Estado ha incumplido y violado los principios básicos de la democracia en el período posacuerdo; las expectativas de paz y reconciliación con la reincorporación guerrillera han sido un fracaso y una mentira para los campesinos, la sociedad colombiana, los países garantes, la JEP y la Comunidad Internacional, sin dejar de reconocer que la dirección de las FARC se alejó de la visión estratégica establecida colectivamente con su líder histórico, que preveía: “Las armas deben preservarse como garantía del cumplimiento de los Acuerdos”.

Casi cuatro años después sentimos en carne propia los resultados.

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