Por Andrés Arredondo

Ilustración de Alberto Jerez

Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria, Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas y otros políticos de lo mismo conforman un pintoresco grupo que está convencido de que el mundo social está regido por el orden natural de los privilegios. Y es verdad que les cabe algo de razón en vista de que la mayor parte de nuestra historia republicana así ha sido.

Sin embargo, las sociedades cambian y de vez en cuando giran a escenarios de mayor equidad creando precedentes que marcan cambios beneficiosos para las mayorías siempre ignoradas y excluidas.

Observando la historia de Colombia de los últimos cien años, se advierte que la coalición política hegemónica siempre estuvo atenta a impedir que sus privilegios les fueran cuestionados, aunque para ello fuera necesario restringir la democracia, bloquear las instituciones o eliminar a la oposición. Ese último siglo estuvo caracterizado en la práctica por la utilización de instrumentos de acuerdo entre las castas políticas dominantes, sea implementando leyes o usando la violencia directa.

El periodo señalado comienza justo con el fin de la hegemonía conservadora, una gesta retardataria comandada por Rafael Núñez en contra del espíritu liberal y liberador de la constitución de 1863, pero que una vez activada demostró su triunfo en encontrar derrotas para el país o más precisamente para sus clases populares durante casi medio siglo, primero en la sangría de la Guerra de los mil días y luego en la entrega de Panamá a los gringos. Fue tan clasista y elitista ese período que las jerarquías “políticas, eclesiásticas y militares”-sí, así se decía hasta hace muy poco tiempo en la apertura de cualquier evento público u oficial-, solo se ocupaban de sus prerrogativas e intereses, tratando al 98% restante de la población como simples lacayos.

Fue hasta los años 30 que esa situación tuvo un pequeño quiebre, que se produjo no solo porque un modelo tan retardatario era imposible de sostener, sino porque entraban nuevos aires al país, es decir, una cierta modernización en la economía, las políticas y las formas de vida. Ese período nombrado como República liberal inauguró algo tan obvio que casi nadie podía ver o imaginar: el ejercicio del poder en favor de las necesidades de las mayorías, la construcción de obras de infraestructura para el desarrollo nacional y la promulgación de leyes que allanaran el camino hacia la construcción de cierta equidad social, como por ejemplo la ley 200 de 1936 que declaró la función social de la propiedad privada, que a su vez originó las condiciones de posibilidad para la reforma agraria, que hasta el día de hoy es un sueño inacabado.

No obstante, esos airecillos benéficos fueron reemplazados al poco tiempo por el huracán de la guerra civil entre liberales y conservadores. Se trató de la reedición de la vieja fórmula venida desde la colonia: pueblo matando pueblo, azuzado por los de arriba. Ese interregno de especial violencia dio origen a algo que muchos consideran paradójico o sin sentido, pero que, al contrario, confirma la regla de que el país fue diseñado para ser instrumentalizado por la clase dominante, y se comprueba en parte en el hecho de que fue una dictadura militar la que resultó más defensora de lo popular que la totalidad de la clase política que había gobernado el país hasta ese momento.

Resultó luego que el artilugio “legal” que sirvió como lógica de continuidad a ese ciclo violento fue el más simbólico y emblemático acuerdo que representa la captura del poder por parte de las élites: el pacto bipartidista. Sin pudor alguno los partidos tradicionales en cabeza de sus patricios decidieron la repartija del poder entre unos y otros por un largo período.

No menos simbólico resultó que al final de dicho ciclo, cuando terminaba el yo con yo fijado para las elecciones de 1970, Rojas Pinilla se enfrentara con Misael Pastrana y este último se viera favorecido por un fraude electoral que lo empotró en la presidencia.  Entre tanto, el ciclo de la guerra insurgente no hacía más que crecer, bajo cuyo fantasma se construyó el argumento del “enemigo interno” y con este la narrativa de que se trataría de la mayor amenaza y al mismo tiempo el más grande problema con el que lidiaría la nación, lo cual se prolongó hasta tiempos recientes con el fin de las Farc.

A continuación, un período relativamente largo que va desde finales de los 70 y comienzos de los 90 estuvo signado por el tristemente célebre Estatuto de seguridad de Turbay, el cual convirtió en rutina el estado de sitio y las graves violaciones de los derechos humanos, con un incremento inusitado de las desapariciones forzadas, los asesinatos a líderes políticos de izquierda o alternativos y la persecución política generalizada. Como si todo ello no resultara suficientemente grave, emerge y se consolida el fenómeno del narcotráfico, en cuyo desenvolvimiento se producen múltiples formas de amalgamamiento entre la clase política y los narcos, evidenciados en múltiples casos de financiamiento de campañas con “dineros calientes”, claro precedente de lo que sucedió años más tarde con la parapolítica.

En ese escenario tan abigarrado de tragedias se abre paso casi como una solución in extremis la promulgación de la Constitución política de 1991, aupada entre otras por una consigna que habla elocuentemente de la cerrazón y confinamiento del sistema político del país en manos de las castas de siempre, y fue justo “la apertura democrática” la que se enarboló como símbolo de lo que se necesitaba en ese momento.

Fue en verdad la nueva constitución la que permitió que se abrieran nuevos escenarios políticos, a pesar de que en los años que siguieron a su promulgación el país conoció la larga noche del terror paramilitar, que tuvo como clímax los años del uribismo en el poder. No fue casual que una persona como Uribe encarnara el poder en esa coyuntura, hombre recio, terrateniente, cercano a los círculos de poder de todos los pelambres, sin escrúpulos al utilizar medios cuestionables o abiertamente delictivos para conseguir sus fines, tanto así que es el único expresidente condenado hasta ahora por una instancia judicial. 

Fue el año 2006 el que significó un primer cambio cierto hacia la posibilidad de una transformación del país con la emblemática votación de dos millones seiscientos mil votos por un candidato de izquierda: Carlos Gaviria Díaz. Desde entonces, a partir de un proceso dilatado y complejo se van logrando algunos otros triunfos parciales para las fuerzas progresistas, llegando al 19 de junio de 2022, día en el que el pueblo colombiano eligió por primera vez a un gobernante de izquierda. El próximo 8 de marzo y durante la primera vuelta presidencial este pueblo tantas veces humillado, excluido y burlado debe refrendar en las urnas su voluntad de cambio.